Hay compras que hablan por sí solas, y luego está Sinaloa. El gobierno estatal decidió modernizar su videovigilancia con 52 cámaras nuevas, antenas y trece arcos carreteros tecnológicos repartidos por las principales carreteras del estado. Hasta ahí, aplausos: nadie objeta que un gobierno quiera ver mejor. El problema es a quién le compró los ojos.

La empresa agraciada, SGP Tech, tiene entre sus accionistas a una empresaria que figura en los registros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y no como clienta distinguida: aparece señalada por presuntos vínculos —a través de otra firma sancionada por la OFAC en 2017— con la estructura financiera de "Los Cuinis", ese brazo contable que la fama popular ata al Cártel Jalisco Nueva Generación. En otras palabras: el estado contrató las cámaras con alguien que ya salía en otra lista, y no precisamente en la de honor.

Uno imagina la junta de adjudicación. "¿Cuántas cotizaciones tenemos?" "Tres, señor." "¿La mejor?" "Una que el Tesoro gringo ya tiene fichada." "Perfecto, esos sí saben de vigilancia." Es contratar al lobo para que diseñe la cerca del corral y, de pilón, pedirle que instale el timbre.

La pregunta técnica es sencilla y escalofriante: ¿hacia dónde apuntan esas cámaras y quién ve la pantalla del otro lado? Porque una cosa es vigilar al ciudadano y otra, muy distinta, regalarle a un proveedor un mapa en tiempo real de quién entra y sale por las carreteras del estado. Trece arcos tecnológicos pueden servir para cuidar al pueblo o para algo bastante menos institucional, según de qué lado del monitor se siente uno.

En el manual del buen gobierno, el capítulo de proveedores debería empezar con una regla de kínder: no le compres la alarma a quien tiene señalamientos de saber muy bien cómo se brincan las alarmas. Pero aquí seguimos, estrenando arquitos y sonriendo a la cámara, sin estar del todo seguros de quién nos sonríe de vuelta. Que quede grabado.