La Fiscalía perdió el WhatsApp: la justicia ahora la atiende un número equivocado
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Existen tragedias griegas y existe esto: la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia informó que su número de WhatsApp para dar seguimiento a carpetas de investigación, el 614-369-55-64, quedó oficialmente deshabilitado porque la compañía telefónica se lo reasignó a otra persona. Sí, leyó bien. La línea de la justicia se reciclÓ como cuando te cae un mensaje de un desconocido que dice "¿quién eres? Borré mi agenda".
Imagine la escena. Una víctima junta valor, abre el chat, escribe su número de carpeta y del otro lado contesta… alguien que pidió esa línea para que le avisen cuando llegue su pedido de tamales. La institución encargada de proteger a las mujeres ahora depende, literalmente, de la rotación comercial de las compañías telefónicas. El debido proceso, hoy, está a un "número no disponible" de distancia.
La propia Fiscalía aclaró —con razón y con prudencia— que la corporación nunca pide pagos ni transferencias por esa app, y que todos los trámites son gratuitos, alerta sensata ante el riesgo de fraudes. Pero ese aviso, leído al derecho, confirma el tamaño del enredo: hay que advertirle a la ciudadanía que el teléfono de la justicia podría estar en manos de quien sea. Mientras tanto, recomiendan acudir directo a oficinas o llamar al conmutador de gobierno con sus extensiones, esa hermosa reliquia donde uno marca, espera, le cuelgan y vuelve a marcar.
Uno entiende que un número se pierda; le pasa a cualquiera que olvidó pagar la recarga. Lo que cuesta digerir es que le pase a la institución cuyo trabajo es no perder el hilo de los casos más delicados. Si la carpeta de investigación se sigue por WhatsApp, y el WhatsApp se va con la portabilidad, ¿qué sigue? ¿El expediente en una historia de Instagram que caduca en 24 horas?
Que conste: la solución es sencilla y la institución ya emitió la alerta correcta. Pero el episodio queda como monumento involuntario a la era digital chihuahuense, donde la tecnología promete cercanía y entrega, a cambio, un buzón ajeno. La justicia pronta y expedita, ahora también, fuera de cobertura.
Imagine la escena. Una víctima junta valor, abre el chat, escribe su número de carpeta y del otro lado contesta… alguien que pidió esa línea para que le avisen cuando llegue su pedido de tamales. La institución encargada de proteger a las mujeres ahora depende, literalmente, de la rotación comercial de las compañías telefónicas. El debido proceso, hoy, está a un "número no disponible" de distancia.
La propia Fiscalía aclaró —con razón y con prudencia— que la corporación nunca pide pagos ni transferencias por esa app, y que todos los trámites son gratuitos, alerta sensata ante el riesgo de fraudes. Pero ese aviso, leído al derecho, confirma el tamaño del enredo: hay que advertirle a la ciudadanía que el teléfono de la justicia podría estar en manos de quien sea. Mientras tanto, recomiendan acudir directo a oficinas o llamar al conmutador de gobierno con sus extensiones, esa hermosa reliquia donde uno marca, espera, le cuelgan y vuelve a marcar.
Uno entiende que un número se pierda; le pasa a cualquiera que olvidó pagar la recarga. Lo que cuesta digerir es que le pase a la institución cuyo trabajo es no perder el hilo de los casos más delicados. Si la carpeta de investigación se sigue por WhatsApp, y el WhatsApp se va con la portabilidad, ¿qué sigue? ¿El expediente en una historia de Instagram que caduca en 24 horas?
Que conste: la solución es sencilla y la institución ya emitió la alerta correcta. Pero el episodio queda como monumento involuntario a la era digital chihuahuense, donde la tecnología promete cercanía y entrega, a cambio, un buzón ajeno. La justicia pronta y expedita, ahora también, fuera de cobertura.