Hay noticias que le devuelven a uno la fe en las instituciones, y luego está ésta, que se la devuelve con recibo detallado. El secretario de gobierno de Morelia informó que el permiso para el concierto de cierto exponente de los corridos tumbados dependerá de una sola canción, porque el 96% de su repertorio ya superó la revisión contra la apología del delito. Léase de nuevo, despacio, para saborearlo: noventa y seis por ciento aprobado. El estado dedicó recursos, oídos y criterio a auditar un setlist con la minuciosidad de un contador cerrando el ejercicio fiscal.

Imagínese la escena. Una oficina con cortinas cerradas, un funcionario genérico con la bocina puesta, meneando la cabeza no al ritmo, sino a la jurisprudencia. Adelante la primera: aprobada. La segunda: aprobada. La tercera habla de algo turbio: se marca con rojo, se manda a la banca. Es el nuevo festival de la administración pública: no importa si la canción pega, importa si pasa la prueba de conducta. Un American Idol donde el jurado es la Secretaría de Gobierno y el premio es un permiso municipal.

Lo hermoso del asunto es la precisión del cuatro por ciento restante. No es que el artista sea peligroso; es que trae un tema en periodo de exámenes extraordinarios. La seguridad de una ciudad entera, colgando de un track. Uno se pregunta si el mismo rigor se aplica a los baches, a las luminarias o a los presupuestos, o si esa auditoría exhaustiva se reserva exclusivamente para las rimas.

Porque aquí está el chiste que se cuenta solo: en un estado con problemas reales y de sobra, la gran batalla cultural del mes es contra una estrofa. Se persigue la letra que menciona el delito con más energía que a muchos delitos que no necesitan letra. Y al final, casi seguro, el concierto se hará, la canturrearán treinta mil gargantas y el cuatro por ciento censurado será justamente el más coreado, porque no hay mejor promoción que un plumón rojo oficial. Que suene la música, entonces, y que el 96% de la patria descanse tranquila.