Entre todas las peticiones que recibió la presidenta en su visita a Irapuato, hubo una que resume mejor que cualquier informe el estado del país. Josefina Ramírez Guerra se acercó a pedir ayuda: según su testimonio, sus propios hijos le quitaron su casa y, remate incluido, se la vendieron 'al de las carnitas'.

Póngase usted en los zapatos de doña Josefina. No basta con que la familia —esa institución que juramos defender en cada discurso patrio— la haya dejado sin techo. El agravante es el comprador: no un despacho corporativo, no un fraccionador de corbata, sino el de las carnitas de la esquina. El hombre que hasta ayer le fiaba el kilo de maciza hoy sería, presuntamente, el nuevo dueño del inmueble.

Hay algo profundamente nacional en la escena. En otros países las tragedias inmobiliarias involucran bancos, hipotecas subprime y términos en inglés. Aquí el desalojo tiene olor a chicharrón. El villano no aterriza en helicóptero: llega con delantal y báscula.

Conviene aclarar, en defensa del gremio carnitero, que comprar una casa no es delito y que el señor de las carnitas —si compró— probablemente pagó de buena fe, ilusionado con dejar el anafre y volverse casero. El presunto despojo, si lo hubo, es asunto de los hijos y de las autoridades, ojalá revisado con la misma prontitud con que se revisa un puesto ambulante.

Lo que retrata el episodio es el desamparo del ciudadano de a pie, que ya no sabe a quién acudir salvo a gritarle su desgracia a la presidenta cuando pasa por la ciudad, como quien le pide un milagro a un santo de visita. La mañanera se ha vuelto confesionario, oficina de quejas y última esperanza, todo en uno. Y uno entiende a doña Josefina: cuando las instancias de siempre no responden, hasta interrumpir a la mandataria en cadena nacional suena a plan razonable.

Ojalá recupere su casa. Y ojalá, de paso, no se enemiste con el de las carnitas, porque en provincia perder la casa se supera, pero quedarse sin proveedor de buche y nana eso sí no lo cura ningún juez.