Cincuenta y nueve millones de litros y nadie olió nada
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En la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide, las autoridades federales y estatales aseguraron 59 millones de litros de presunto hidrocarburo ilegal. Para dimensionarlo: no es un garrafón, no es una pipa, no es una gasolinera pirata. Son cincuenta y nueve millones de litros, uno de los golpes al huachicol más grandes del año en el estado.
El inmueble, ubicado a unos diez kilómetros de la cabecera y —detalle poético— justo a un costado de un parque industrial y sobre la carretera federal 57, tenía diez megatanques de almacenamiento parecidos a los de Pemex, tres tráileres de gran capacidad, una pipa con el rótulo de una marca conocida y contenedores de sobra. Es decir, no era un changarro: era prácticamente una terminal petrolera con logística incluida, montada a la vista de quien quisiera verla.
Y ahí está el chiste que no da risa. Uno separa la basura en tres botes, guarda tapitas para una silla de ruedas y se siente activista ambiental. Mientras tanto, alguien instaló una operación del tamaño de una industria mediana, con tanques calcaditos a los oficiales, y durante largo rato el olfato de las autoridades no captó absolutamente nada. Cincuenta y nueve millones de litros no se esconden en una cajuela: se acumulan a plena luz, con entradas y salidas de tráileres que no pasan precisamente desapercibidos.
La investigación, nos dicen, arrancó en julio y derivó de una detención en San Luis de la Paz. Bien. Celebremos el decomiso, que es real y que es enorme. Pero celebrémoslo con la pregunta puesta sobre la mesa: ¿cuánto tiempo estuvo operando ese emprendimiento energético informal antes de que a alguien le llamara la atención el desfile de pipas junto al parque industrial?
El huachicol fiscal, según el propio gobierno federal, mueve empresas, RFC dados de baja, cuentas bloqueadas y gasolineras inmovilizadas. Todo un ecosistema. Lo que este megatanque a cielo abierto demuestra es que el negocio no siempre se esconde en las sombras: a veces prospera a plena luz, sobre la carretera federal, mientras el resto del país hace fila para cargar veinte litros del combustible legal, ese que sí paga impuestos y sí sube de precio.
El inmueble, ubicado a unos diez kilómetros de la cabecera y —detalle poético— justo a un costado de un parque industrial y sobre la carretera federal 57, tenía diez megatanques de almacenamiento parecidos a los de Pemex, tres tráileres de gran capacidad, una pipa con el rótulo de una marca conocida y contenedores de sobra. Es decir, no era un changarro: era prácticamente una terminal petrolera con logística incluida, montada a la vista de quien quisiera verla.
Y ahí está el chiste que no da risa. Uno separa la basura en tres botes, guarda tapitas para una silla de ruedas y se siente activista ambiental. Mientras tanto, alguien instaló una operación del tamaño de una industria mediana, con tanques calcaditos a los oficiales, y durante largo rato el olfato de las autoridades no captó absolutamente nada. Cincuenta y nueve millones de litros no se esconden en una cajuela: se acumulan a plena luz, con entradas y salidas de tráileres que no pasan precisamente desapercibidos.
La investigación, nos dicen, arrancó en julio y derivó de una detención en San Luis de la Paz. Bien. Celebremos el decomiso, que es real y que es enorme. Pero celebrémoslo con la pregunta puesta sobre la mesa: ¿cuánto tiempo estuvo operando ese emprendimiento energético informal antes de que a alguien le llamara la atención el desfile de pipas junto al parque industrial?
El huachicol fiscal, según el propio gobierno federal, mueve empresas, RFC dados de baja, cuentas bloqueadas y gasolineras inmovilizadas. Todo un ecosistema. Lo que este megatanque a cielo abierto demuestra es que el negocio no siempre se esconde en las sombras: a veces prospera a plena luz, sobre la carretera federal, mientras el resto del país hace fila para cargar veinte litros del combustible legal, ese que sí paga impuestos y sí sube de precio.