Chihuahua vivió esta semana una clase magistral de ingeniería jurídica, esa disciplina en la que lo importante no es cumplir la ley, sino diseñar la salida de emergencia con anticipación. Dos escenas, un mismo principio.

Escena uno: un juez adscrito a un distrito judicial, señalado por prevaricación agravada, presentó su renuncia. No por vergüenza, no por convicción, sino a cambio de que le suspendieran el proceso en su contra, con la promesa de portarse bien bajo medidas cautelares por un año. Es el equivalente exacto de romper el examen antes de que te lo califiquen: si no hay hoja, no hay reprobado. Un juez enseñándonos que la mejor defensa es dejar de existir en el organigrama justo a tiempo.

Escena dos, aún más pulida: diputados de tres partidos acordaron, por unanimidad y sin despeinarse, impulsar que el Auditor Superior del Estado goce de fuero constitucional. Sí, el funcionario encargado de revisar cómo se gasta el dinero público tendría ahora un blindaje especial. La justificación suena noble —protegerlo de presiones y represalias—, pero uno no puede evitar notar el patrón: en Chihuahua, cuando de verdad hay consenso político express, casi siempre es para ponerle candado a alguien que maneja cuentas.

Lo admirable es la velocidad selectiva. Un dictamen para dotar de protección al vigilante del erario avanza suavecito, por unanimidad, sin las eternas discusiones que sí padecen otros temas que le urgen a la gente. Aquí las iniciativas caminan a dos ritmos: paso de tortuga para lo que incomoda al poder, y patines para lo que lo resguarda.

Juntas, las dos escenas componen un manual involuntario: si te acusan, renuncia antes del veredicto; si administras dinero público, consíguete un fuero que te cubra por si acaso. El ciudadano común, que ni renuncia lo salva ni fuero lo abraza, solo puede observar el espectáculo y tomar apuntes. Al menos en el estado de los 55 acuíferos sobreexplotados, la impunidad sigue siendo un recurso renovable.