En Guanajuato apareció uno de esos números que no caben en ninguna cajuela: 59 millones de litros de combustible presuntamente robado, localizados en una planta del Grupo SIMSA en San José Iturbide. La empresa reaccionó con una defensa de manual: emitió un comunicado afirmando que el hidrocarburo es lícito y que ya entregó todas las pruebas a la FGR. Nada como responder a 59 millones de litros con un cordial confíen en nosotros.

La gobernadora Libia Dennise García no compró el argumento. Aclaró que la legalidad no se acredita por comunicado, sino con documentos: facturas de Pemex o cartas de importación. En sus palabras, no es lo que una empresa diga, son los documentos que presente para acreditarlos. Sentido común elevado a rango de noticia, lo cual dice mucho del país.

Por si el volumen no impresionaba, apenas unos días después las fuerzas estatales y la Guardia Nacional localizaron una toma clandestina en Villagrán, con al menos 12 mil litros más de presunto combustible y varios vehículos. O sea que, mientras se discute la procedencia del megahallazgo, el huachicol seguía operando su sucursal chica a unos kilómetros, como negocio con matriz y franquicias.

La postura oficial es tan sensata que resulta casi cómica que haya que decirla en voz alta: acumular millones de litros no es delito si demuestras de dónde salieron; el problema es cuando el papelito no aparece. En El Destiempo esperamos con paciencia la factura correspondiente, aunque sospechamos que va a tardar tanto en materializarse como un título que nunca se expidió.