Ocurrió lo impensable: el Estado mexicano leyó un meme, no le dio risa y decidió legislar. Las comisiones unidas del Senado aprobaron la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial —bautizada de inmediato como "ley antimemes"— que en su redacción original contemplaba hasta siete años de cárcel para quien usara la imagen del gobierno en parodias y sátiras. Siete años. En este país hay delitos que se castigan con menos.

La ironía es tan gruesa que casi se puede untar en pan. Se empaquetó todo como una defensa contra la "piratería", como si el problema urgente de la nación fuera un señor con Photoshop y no, digamos, el huachicol fiscal que tiene a media Marina platicando con la DEA. Organismos y legisladores alertaron por lo que esto significaba para la libertad de expresión, la vigilancia de contenidos y la discrecionalidad para sancionar memes, parodias y sátiras. Un detalle menor, seguramente.

Tras las críticas de la oposición, los legisladores matizaron el famoso artículo 403 Bis. O sea: primero lo escriben para encarcelar memeros, luego se asustan de su propia sombra y le bajan dos rayitas. Legislar así, a la defensiva, es el equivalente parlamentario de mandar un mensaje y borrarlo antes de que lo lean.

En El Destiempo seguimos la noticia con especial interés, por razones que el amable lector sabrá comprender. Vivimos de la sátira. Si la versión dura hubiera pasado, este número podría haber sido el último y la redacción estaría estrenando uniforme de rayas. Por fortuna, el legislador recordó a tiempo que en México burlarse del poder no es piratería: es deporte nacional, tradición y, muchas veces, el único servicio público que sí funciona. Gracias por el susto, señores. Lo tomaremos como cumplido.