Hay emprendedores que abren una cafetería; otros, más visionarios, abren una parroquia portátil en una funeraria. La Arquidiócesis de León encendió las alarmas esta semana al exponer a un hombre que oficiaba cultos religiosos pese a haber sido expulsado del estado clerical desde 2022, según decreto eclesiástico. Traducción para los no iniciados en derecho canónico: la Iglesia católica le retiró las credenciales hace cuatro años y el señor siguió celebrando como si nada, amparándose en que ahora se siente "afín" a la iglesia anglicana. Es el equivalente teológico de que te corran del trabajo y vuelvas al día siguiente con un gafete hecho en casa.

El detalle que eleva la historia a obra maestra es la sede: una funeraria. Porque si vas a montar un ministerio sin permiso, hazlo donde la clientela no esté en condiciones de pedir referencias. El modelo de negocio es de una eficiencia que ruboriza al sector servicios: responso, misa y velorio en el mismo techo, sin trámites, sin diócesis intermediaria, sin esas molestas jerarquías que exigen, ya saben, estar autorizado. Un combo todo incluido que ni las agencias de viajes.

La Arquidiócesis subraya que el personaje ya figuraba como señalado en Jalisco desde 2025 y que, en sus distintos pasos por comunidades religiosas, se le consideró "problemático". Uno se imagina las recomendaciones laborales: difíciles de redactar sin sonrojarse. Lo cierto es que el caso deja una moraleja muy bajío: en una tierra donde la fe se vive con fervor, siempre habrá quien convierta la devoción ajena en oportunidad propia. La Iglesia ya avisó; ahora toca a los fieles revisar bien el currículum de quien los confiesa. Que la fe mueve montañas, pero no debería mover carteras sin verificación previa.