Del Altiplano a la sala de su casa: cuando el huachicol también merece descansar
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El exgobernador de Baja California, Ernesto «N», acusado de encabezar una red de compra y distribución ilegal de combustible —el llamado huachicol fiscal—, seguirá su proceso penal desde la comodidad de su hogar. Una jueza federal le retiró la prisión preventiva oficiosa y le concedió prisión domiciliaria tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, con lo que el panista dejará el penal del Altiplano para instalarse en un domicilio de Ensenada en las próximas 48 horas.
Los detalles son el mejor guion. El exmandatario cumplirá la medida en una casa de la que, según su defensa, es copropietario porque la recibió como parte de una herencia familiar. Es decir: la vida le arrebató la libertad, pero le dejó el inmueble. No llevará brazalete electrónico; su única compañía será la vigilancia de la Guardia Nacional, ese detalle discreto que convierte cualquier sala en algo entre penal de máxima seguridad y hospedaje con seguridad privada incluida. Y el argumento que abrió la puerta —o más bien que la cerró desde adentro— fueron unos problemas de salud, ese comodín que en México funciona con la misma eficacia que un ábrete sésamo.
Su abogado, satisfecho, explicó los documentos que permitieron el cambio de medida. Su hija fue más directa: «Lo logramos», celebró, con la emoción de quien acaba de ganar algo. Y quizá tenga razón, porque en un país donde el diésel escasea, la salsa sube de precio y los trámites duran horas, conseguir que un proceso por delincuencia organizada y contrabando de combustible se cumpla en casa, sin pulsera y con vista al patio, es, técnicamente, un logro.
Que quede claro: la ley contempla la prisión domiciliaria y un juez la otorgó conforme a derecho; nadie discute el procedimiento. Lo que da para sonreír, con esa sonrisa cansada del contribuyente, es el contraste. El ciudadano que se cuela en el Metro es perseguido con lupa; el señalado por presuntamente ordeñar combustible a escala industrial termina su día en pantuflas. Bienvenidos al sistema penal mexicano, donde la gravedad del delito se mide, al parecer, en metros cuadrados de recámara.
Los detalles son el mejor guion. El exmandatario cumplirá la medida en una casa de la que, según su defensa, es copropietario porque la recibió como parte de una herencia familiar. Es decir: la vida le arrebató la libertad, pero le dejó el inmueble. No llevará brazalete electrónico; su única compañía será la vigilancia de la Guardia Nacional, ese detalle discreto que convierte cualquier sala en algo entre penal de máxima seguridad y hospedaje con seguridad privada incluida. Y el argumento que abrió la puerta —o más bien que la cerró desde adentro— fueron unos problemas de salud, ese comodín que en México funciona con la misma eficacia que un ábrete sésamo.
Su abogado, satisfecho, explicó los documentos que permitieron el cambio de medida. Su hija fue más directa: «Lo logramos», celebró, con la emoción de quien acaba de ganar algo. Y quizá tenga razón, porque en un país donde el diésel escasea, la salsa sube de precio y los trámites duran horas, conseguir que un proceso por delincuencia organizada y contrabando de combustible se cumpla en casa, sin pulsera y con vista al patio, es, técnicamente, un logro.
Que quede claro: la ley contempla la prisión domiciliaria y un juez la otorgó conforme a derecho; nadie discute el procedimiento. Lo que da para sonreír, con esa sonrisa cansada del contribuyente, es el contraste. El ciudadano que se cuela en el Metro es perseguido con lupa; el señalado por presuntamente ordeñar combustible a escala industrial termina su día en pantuflas. Bienvenidos al sistema penal mexicano, donde la gravedad del delito se mide, al parecer, en metros cuadrados de recámara.