Si alguien creía que en México nada se resuelve rápido, el Congreso de Oaxaca llegó a desmentirlo con estilo. En sesión extraordinaria, los diputados aprobaron la desaparición de poderes en el municipio de Juchitán de Zaragoza con 35 votos a favor y cero en contra, en un trámite que, según se reportó, duró menos de 20 minutos. Veinte minutos para borrar del mapa institucional a todo un ayuntamiento. Hay quien no calienta el desayuno en ese tiempo.

El unanimismo es de manual: 35 a 0, sin una sola voz discordante, sin debate que estorbara al reloj. Uno imagina la escena legislativa como una coreografía perfectamente ensayada, la mano en alto antes de que el de junto termine la frase, y todos a comer. La eficiencia, cuando conviene, existe; el problema es que suele aparecer solo en estos casos y nunca cuando se trata, digamos, de un presupuesto para baches.

El detonante fue la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, conocido como «Quetu», señalado por presunta extorsión agravada y otros delitos, aprehendido en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. El mismo día cayó un personaje apodado «La Parka», a quien un juez también dictó prisión preventiva. El Congreso argumentó que la captura del edil detonó bloqueos y desestabilizó la gobernabilidad de la región, de ahí la urgencia quirúrgica. Para llenar el hueco, se designó a Francisco Vásquez como encargado del gobierno provisional, con la misión de «restaurar el orden».

Lo pintoresco no es la medida —está prevista en la ley y responde a una crisis real—, sino el cronómetro. Que la maquinaria política sea capaz de moverse a esa velocidad demuestra que la lentitud burocrática no es un defecto técnico, es una decisión de agenda. Cuando el sistema quiere, resuelve un municipio antes del café; cuando no, tu trámite lleva tres visitas y un «vuelva mañana». Juchitán, mientras tanto, estrena gobierno provisional y una lección incómoda: en este país lo que tarda no es el poder, es la voluntad.