Hay penas que asustan y penas que reeducan. Al sacerdote conocido públicamente como «Padre Pistolas», el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato le impuso la segunda: acreditó que ejerció violencia política de género contra la gobernadora y lo sentenció a ofrecer una disculpa pública, abstenerse de repetir esas expresiones y —agárrense— tomar un curso.

Un curso. El mismo castigo que la vida le da a cualquier hijo de vecino que se pasa un alto: nada de calabozo, nada de cilicio, puro taller con proyector y perspectiva de género. Uno ya lo imagina con su cuadernito, subrayando conceptos entre el rosario y el receso para el café, mientras un facilitador le explica, con toda la paciencia del mundo, por qué no todo lo que truena es pólvora.

Lo verdaderamente teológico del asunto es el reparto de competencias celestiales: como se trata de un ministro de culto, el caso también deberá conocerlo la Secretaría de Gobernación. Es decir, por una sola serie de dichos se activaron el tribunal, la disculpa pública y la burocracia federal. Multiplicación de expedientes: ese sí es un milagro documentado.

Nosotros, que somos gente de fe en las instituciones, celebramos la creatividad de la sanción. Porque nada corrige más a un hombre acostumbrado a levantar la voz que obligarlo a levantar la mano para pedir permiso en un aula. Ya nos lo imaginamos en la evaluación final: «Explique con sus propias palabras por qué la violencia política de género está mal». Reprobar no es opción; hay disculpa pública de por medio.

Ojalá el modelo prospere y se generalice. Si con un curso se enderezan los dichos, propongamos cursos para todos los pendientes del estado: uno de puntualidad para el Congreso, uno de contabilidad de hidrocarburos para la Fiscalía y uno de humildad para cada precandidato que asome la cabeza rumbo a 2027. Guanajuato no necesita más regaños; necesita más aulas y, sobre todo, más gente que de verdad entregue la tarea.

Amén, y que pase el siguiente al pizarrón.