El Congreso de Guanajuato montó esta semana un espectáculo de equilibrismo digno de feria de pueblo. En una misma temporada legislativa, el Pleno rechazó auditar la gestión del exgobernador Diego Sinhue y, casi en el mismo respiro, aprobó solicitar una auditoría "específica, integral y concomitante" al gobierno de León que encabeza Alejandra Gutiérrez. Tres adjetivos para una sola alcaldesa, que por pura coincidencia del destino acaba de salir del PAN. La fiscalización, en Guanajuato, tiene una puntería tan fina que solo apunta hacia donde conviene.

Movimiento Ciudadano, ahora casa política de la alcaldesa, denunció "persecución" y "tintes políticos". El PAN respondió que se trata de sana vigilancia ciudadana. La discusión, según las crónicas, fue "calurosa" y hasta dividió a la propia bancada blanquiazul, lo que confirma que el termómetro político del estado no necesita del Domo de Calor europeo para alcanzar los 40 grados. Cada quien defiende la transparencia con un fervor admirable, siempre y cuando el reflector ilumine al de enfrente.

Le puso cereza al pastel Yulma Rocha, delegada nacional de MC, al declarar que el PAN "caducó" y que su modelo es "viejo y obsoleto". El comentario tiene su gracia en un sistema donde nadie revisa su propia fecha de caducidad y los cuadros políticos se reciclan de partido en partido como envase retornable. En Guanajuato, donde Acción Nacional gobierna desde hace décadas, lo viejo y lo obsoleto ya forma parte del paisaje, igual que las momias o la cantera rosa.

La moraleja para el ciudadano de a pie, ese que paga impuestos sin recibir asesoría de qué partido lo audita, es desalentadora: la rendición de cuentas no se aplica por principio sino por afinidad. Se audita al que se fue, se protege al que se quedó, y la palabra "transparencia" se usa tanto que ya casi no se ve. Mientras tanto, los expedientes esperan, las bancadas posan y el Bajío observa, otra vez, cómo la política local convierte la lupa en boomerang.