Hay trámites en Nuevo León que tardan meses. Talar un árbol frente a un negocio, en cambio, activa el aparato completo del Estado en cuestión de horas. El gobernador Samuel García ordenó de manera imperativa que se multara, denunciara e incluso auditara a un local comercial sobre la avenida Madero, en Monterrey, luego de que el establecimiento cortara unos árboles —según dijo, plantados por el propio Estado— para no obstruir su fachada. Todo quedó consignado en redes sociales con dos fotografías, el infaltable antes-y-después y una sentencia que ya es epígrafe de la semana: “¡QUE BÁRBAROS!”.

Uno celebra el amor por las áreas verdes. De verdad. Pero conviene admirar la eficiencia con la debida envidia ciudadana: el árbol talado obtuvo, en una sola tarde, denuncia interpuesta, multa anunciada y auditoría ordenada. Muchos regiomontanos llevan años esperando que una carpeta de investigación avance con esa misma velocidad; bastaba, al parecer, con haber nacido con clorofila.

La escena tiene una moraleja práctica. Si a usted le extorsionan, le roban el coche o le tumban la barda, arme su expediente con paciencia franciscana. Pero si lo que quiere es atención inmediata del más alto nivel, tale algo, cuélguelo a la fachada de un comercio y espere sentado: el follaje regio ya tiene fiscal propio y responde más rápido que el 911.

Queda, eso sí, una duda botánica y presupuestal: si los árboles eran del Estado, ¿la multa se la cobran al negocio por podar patrimonio público o al vivero que los dejó tan cortables? Detalles. Lo importante es que, en la ciudad donde el homicidio presume ir “a la baja”, el crimen que sí se esclarece el mismo día tiene raíces, tronco y hojas. Descanse en paz el árbol; su caso, al menos, no quedará en la impunidad.