Buenas noticias para quienes creen en la reinserción con vista al jardín: Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y acusado de huachicol fiscal, dejó el penal del Altiplano para continuar su proceso en prisión domiciliaria en Ensenada. Porque nada rehabilita más que el sillón de tu propia sala.

El traslado, según las versiones, ocurrió a bordo de una camioneta blanca escoltada por la Guardia Nacional —o en un vehículo táctico tipo Plasan SandCat, que es como salir del súper en tanqueta—. Pero la letra chica de la medida cautelar es oro puro: el imputado podrá salir de su domicilio siempre que avise con tres días de anticipación. Tres. Días.

Detengámonos aquí, porque el dato lo merece. Cualquier chihuahuense promedio pide permiso en el trabajo con menos anticipación de la que ahora se le exige a un procesado por hidrocarburos para ir a la farmacia. La agenda de un hombre bajo proceso penal quedó, oficialmente, más ordenada que la de un funcionario en quincena. "El lunes salgo, apúntenlo desde el viernes."

Afuera, elementos de la Guardia Nacional se quedarán custodiando el domicilio. Es decir: el mismo Estado que no siempre alcanza a poner una patrulla en tu colonia, ahora tiene guardia permanente frente a una casa en Ensenada, cuidando que el señor no se vaya sin avisar. Prioridades.

No decimos que la justicia esté fallando —eso lo dirá el juez, y para eso están los procesos—. Decimos, nomás, que el huachicol fiscal en México goza de un régimen de comodidades que muchos jubilados quisieran: casa, custodia y calendario flexible. Y como el caso viene arrastrándose desde administraciones pasadas, se entiende por qué en el imaginario popular el delito de cuello blanco no da miedo: da un poquito de envidia.

Que descanse, pues, el exgobernador. Y que no olvide llenar el formato con 72 horas de anticipación. La burocracia no perdona, ni siquiera a los que la conocen de memoria.