Temporada de informes: en Guanajuato todo mejora, menos lo que ve al salir de casa
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Septiembre en el Bajío llega con su liturgia obligada: la temporada de segundos informes, esa época del año en que cada alcalde descubre —conmovido, casi entre lágrimas— que absolutamente todo lo que hizo salió espléndido.
En la capital, la presidenta municipal Samantha Smith se plantó ante el Pleno con 195.5 millones de pesos en obra pública, 552 cámaras nuevas de videovigilancia, ocho puntos de "monitoreo inteligente", tarjetas Violeta repartidas y —oh, prodigio— cero deuda pública nueva. La joya de la corona: bajaron 51 segundos el tiempo de respuesta al 911. Cincuenta y un segundos. Uno se imagina al funcionario con cronómetro festejando el récord como si fuera clavado olímpico, mientras el resto del estado se pregunta para cuántas cosas alcanzan 51 segundos en la vida real.
En León, Alejandra Gutiérrez rindió su informe ante casi nueve mil personas —entre ciudadanía, líderes y empresarios, aclaran, no vaya usted a pensar que llegaron por su cuenta— con 85 millones en becas, parques y obras. En Salamanca, Israel Mosqueda presumió 118.8 millones en infraestructura y más de 30 en seguridad, cifra que suena a mucho hasta que uno pasa a la siguiente plana del periódico salmantino. Y en Pueblo Nuevo, el alcalde Leonardo Solórzano cerró la pasarela con 250 becas, 400 pares de tenis y 400 mochilas: el único informe del estado que huele a estreno de regreso a clases.
El problema con la temporada de informes es que comparte cartelera con la temporada de todo lo demás. Porque justo cuando en el Bajío todo va de maravilla, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió mandar 300 elementos del Ejército a reforzar la seguridad del estado. Trescientos. Uno entiende que es parte de la Estrategia Nacional y todo, pero cuesta no notar la coreografía: los alcaldes juran que la seguridad mejoró y, en el mismo acto, llega un contingente militar por tierra desde media República, como quien trae refuerzos a una fiesta que —nos prometen— está tranquilísima.
Mientras tanto, la capital no se conforma con informar: también quiere trofeos. Guanajuato se registró para competir por el Premio Internacional ICLEI 2026, envalentonado por el galardón ambiental que ya ganó en Monterrey gracias a sus políticas de "circularidad" y a su Centro de Compostaje Municipal. Somos, oficialmente, potencia mundial en composta, disciplina en la que —seamos honestos— el país entero lleva siglos entrenando sin darse cuenta. La nueva postulación promete "democratizar la economía circular". Ojalá la misma energía democratizadora alcance para otras cosas menos glamurosas, como el agua o las banquetas parejas.
De trofeos sabe también la Feria de León, que este año cumple 151 ediciones y que —atención— podría terminar pagándole renta al propio Gobierno del Estado por los espacios que la administración estatal ocupa dentro del recinto. Léalo de nuevo, con calma: el gobierno considera cobrarle a la feria por ocupar la feria. Es contabilidad de otro planeta, como rentarse la sala de la propia casa y mandarse el recibo por debajo de la puerta. Jorge Jiménez Lona aclara que "aún es una propuesta en análisis", que es como decir que todavía no deciden si el chiste va en serio.
Y hablando de Jiménez Lona: en el capítulo político de la semana, el funcionario salió a defender que la Secretaría de Seguridad "no se adelantó" al informar sobre un aseguramiento de huachicol en San José Iturbide, mientras Jorge Álvarez Máynez, desde Movimiento Ciudadano, pedía "no politizar la justicia". Frase hermosa, digna de bordarse en un cojín, pronunciada por alguien que en el mismo respiro ya soltaba nombres rumbo a 2030. No politicen la justicia, por favor; interrumpen la campaña.
En el terreno de lo cotidiano, la Policía y Tránsito de Irapuato montaron un operativo para frenar las rodadas de motociclistas que se pasan los semáforos en rojo en manada. Noble causa, aunque uno sospecha que el semáforo en rojo lleva años siendo, en buena parte del estado, más una sugerencia estética que una orden. Y en Salamanca, el organismo de agua CMAPAS calculó que recibir el líquido del Acueducto Solís-León costaría hasta 800 millones de pesos en potabilización y conducción: el agua, ese lujo que en el discurso siempre llega y en el recibo siempre cuesta.
Así cierra la semana el Bajío: cuatro alcaldes felices, un premio de composta, una feria que se cobra a sí misma, 300 soldados recién bajados del camión y un semáforo en rojo que nadie respeta. Todo va de maravilla. Lo dijeron en el informe.
En la capital, la presidenta municipal Samantha Smith se plantó ante el Pleno con 195.5 millones de pesos en obra pública, 552 cámaras nuevas de videovigilancia, ocho puntos de "monitoreo inteligente", tarjetas Violeta repartidas y —oh, prodigio— cero deuda pública nueva. La joya de la corona: bajaron 51 segundos el tiempo de respuesta al 911. Cincuenta y un segundos. Uno se imagina al funcionario con cronómetro festejando el récord como si fuera clavado olímpico, mientras el resto del estado se pregunta para cuántas cosas alcanzan 51 segundos en la vida real.
En León, Alejandra Gutiérrez rindió su informe ante casi nueve mil personas —entre ciudadanía, líderes y empresarios, aclaran, no vaya usted a pensar que llegaron por su cuenta— con 85 millones en becas, parques y obras. En Salamanca, Israel Mosqueda presumió 118.8 millones en infraestructura y más de 30 en seguridad, cifra que suena a mucho hasta que uno pasa a la siguiente plana del periódico salmantino. Y en Pueblo Nuevo, el alcalde Leonardo Solórzano cerró la pasarela con 250 becas, 400 pares de tenis y 400 mochilas: el único informe del estado que huele a estreno de regreso a clases.
El problema con la temporada de informes es que comparte cartelera con la temporada de todo lo demás. Porque justo cuando en el Bajío todo va de maravilla, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió mandar 300 elementos del Ejército a reforzar la seguridad del estado. Trescientos. Uno entiende que es parte de la Estrategia Nacional y todo, pero cuesta no notar la coreografía: los alcaldes juran que la seguridad mejoró y, en el mismo acto, llega un contingente militar por tierra desde media República, como quien trae refuerzos a una fiesta que —nos prometen— está tranquilísima.
Mientras tanto, la capital no se conforma con informar: también quiere trofeos. Guanajuato se registró para competir por el Premio Internacional ICLEI 2026, envalentonado por el galardón ambiental que ya ganó en Monterrey gracias a sus políticas de "circularidad" y a su Centro de Compostaje Municipal. Somos, oficialmente, potencia mundial en composta, disciplina en la que —seamos honestos— el país entero lleva siglos entrenando sin darse cuenta. La nueva postulación promete "democratizar la economía circular". Ojalá la misma energía democratizadora alcance para otras cosas menos glamurosas, como el agua o las banquetas parejas.
De trofeos sabe también la Feria de León, que este año cumple 151 ediciones y que —atención— podría terminar pagándole renta al propio Gobierno del Estado por los espacios que la administración estatal ocupa dentro del recinto. Léalo de nuevo, con calma: el gobierno considera cobrarle a la feria por ocupar la feria. Es contabilidad de otro planeta, como rentarse la sala de la propia casa y mandarse el recibo por debajo de la puerta. Jorge Jiménez Lona aclara que "aún es una propuesta en análisis", que es como decir que todavía no deciden si el chiste va en serio.
Y hablando de Jiménez Lona: en el capítulo político de la semana, el funcionario salió a defender que la Secretaría de Seguridad "no se adelantó" al informar sobre un aseguramiento de huachicol en San José Iturbide, mientras Jorge Álvarez Máynez, desde Movimiento Ciudadano, pedía "no politizar la justicia". Frase hermosa, digna de bordarse en un cojín, pronunciada por alguien que en el mismo respiro ya soltaba nombres rumbo a 2030. No politicen la justicia, por favor; interrumpen la campaña.
En el terreno de lo cotidiano, la Policía y Tránsito de Irapuato montaron un operativo para frenar las rodadas de motociclistas que se pasan los semáforos en rojo en manada. Noble causa, aunque uno sospecha que el semáforo en rojo lleva años siendo, en buena parte del estado, más una sugerencia estética que una orden. Y en Salamanca, el organismo de agua CMAPAS calculó que recibir el líquido del Acueducto Solís-León costaría hasta 800 millones de pesos en potabilización y conducción: el agua, ese lujo que en el discurso siempre llega y en el recibo siempre cuesta.
Así cierra la semana el Bajío: cuatro alcaldes felices, un premio de composta, una feria que se cobra a sí misma, 300 soldados recién bajados del camión y un semáforo en rojo que nadie respeta. Todo va de maravilla. Lo dijeron en el informe.