Fue una semana redonda para la infraestructura eléctrica regiomontana, entendiendo 'redonda' como 'todo se cayó al mismo tiempo'. Primero, un transformador terminó sobre uno de los carriles de la avenida Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, luego de que presuntamente un tráiler derribara parte del cableado y provocara un derrame de aceite. Después, una falla en el suministro dejó apagados varios semáforos del Centro, obligando a Tránsito a montar un operativo para dirigir el tráfico a puro brazo, como en los buenos tiempos previos a la electricidad.

Y entonces, con el timing de una comedia bien ensayada, el Gobierno de Monterrey y la Comisión Federal de Electricidad anunciaron que van a 'estrechar la coordinación interinstitucional' e impulsar una 'importante renovación de infraestructura' para atender las constantes fallas en el suministro. Es decir: después de años de sectores enteros quedándose sin luz, la gran noticia institucional es que las dos partes se dieron cuenta de que pueden hablarse. Un avance conmovedor. Bienvenidos al siglo del teléfono.

Uno agradece la buena voluntad, de verdad. Pero cuesta no notar el orden de los factores: primero cae el transformador, luego se apagan los semáforos, y ya después firmamos el acuerdo de que 'ahora sí vamos a coordinarnos'. Es como prometer clases de natación mientras el barco ya se hunde: la intención es noble, la calendarización es cuestionable.

Los vecinos de la ciudad, que llevan veranos enteros negociando con el clima a más de 34 grados y sin ventilador, ya conocen el guion. Saben que 'renovación de infraestructura' es una frase que suena a futuro y se cobra en presente, y que 'estrechar lazos' entre gobierno y CFE tiene la misma vida útil que una promesa de campaña: dura exactamente hasta el siguiente apagón.

Por lo pronto, Monterrey enciende velas —cuando encuentra cerillos— y confía en que la coordinación interinstitucional llegue, como las obras estratégicas del estado, 'a tiempo'. El reloj, como siempre, lo pone la paciencia ciudadana.