Hay noticias que se disfrazan de trámite para que no las veamos de cerca. El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, cambió de domicilio: dejó el penal federal del Altiplano —esa dirección que nadie pone en las invitaciones de boda— para cumplir su prisión preventiva en su propia casa, por razones humanitarias. Es adulto mayor y presenta problemas de salud, argumentó su defensa, y la autoridad judicial concedió.

La FGR salió rápido a poner el asterisco: el proceso no cambia ni un milímetro. Lo único que se movió fue el sitio donde deberá esperar; las imputaciones por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos siguen ahí, intactas, como el mole que uno recalienta tres días. Prisión preventiva oficiosa, dice la Constitución —esa que, según nos informaron esta misma semana, ya es nueva— para esta clase de conductas.

Desde su trinchera política hablan de 'venganza' y niegan enfáticamente que sea 'el rey del huachicol'. Uno les cree, sobre todo porque en México el huachicol no parece tener rey: tiene gremio, tiene flotilla y, a juzgar por los operativos de la semana —cientos de miles de litros asegurados por acá, otro operador financiero detenido por allá—, tiene hasta departamento de recursos humanos. La monarquía sería, francamente, poco.

No opinamos sobre culpabilidades: para eso están los jueces, que ya bastante tienen. Nos limitamos a admirar la elegancia del lenguaje jurídico, capaz de convertir un traslado a casa en un acto de compasión republicana. Ojalá la misma sensibilidad humanitaria alcanzara para las salas de espera de cualquier hospital público, donde también hay adultos mayores con problemas de salud, solo que sin abogado que les consiga cambio de domicilio.

Que descanse el procesado en su hogar. El expediente, mientras tanto, no descansa: sigue engordando. Y esa, al final, es la única prisión de la que nadie sale por razones humanitarias.