En el catálogo de soluciones jaliscienses acaba de entrar una joya. Punto de partida: las autoridades estatales aclararon que en Jalisco no existe permiso para instalar un cablebús. Punto de llegada: en lugar de tramitar el permiso, en el Congreso local decidieron que lo más sensato era cambiar la ley. Un fuerte aplauso para el pensamiento lateral.

La iniciativa —empujada por Morena— busca reconocer el cablebús como transporte público y facultar a los municipios para operarlo, otorgar concesiones, coordinar tarifas, seguridad y hasta 'conexiones'. Un marco jurídico completísimo, con su articulado, sus transitorios y su exposición de motivos. Todo impecable, salvo por un detallito que en cualquier otro planeta sería el primero de la lista: los cablebuses todavía no existen. Ni uno. Ni un poste. Estamos legislando el reglamento de una flotilla que hoy vive exclusivamente en la imaginación y en un render bonito.

Es el equivalente a redactar el manual de convivencia del condominio antes de comprar el terreno, o a nombrar al capitán del equipo antes de tener equipo, cancha y balón. Pero descuiden, que aquí somos ordenados: primero la burocracia, luego la obra. Cuando por fin cuelguen el primer cable —se habla de Tlaquepaque—, ya tendremos lista la ley que le dé la bienvenida. Eficiencia invertida, le llaman los que saben.

Lo verdaderamente admirable es la fe. Hace falta una convicción notable para debatir tarifas, concesiones y coordinación de un sistema del que no hay ni el primer tornillo. En otras ciudades primero se construye y luego se regula; aquí preferimos el suspenso. Que nadie diga que en Jalisco no innovamos: hemos inventado el transporte público que despega desde el Periódico Oficial. Ojalá el cablebús vuele algún día. Mientras tanto, los tapatíos seguirán moviéndose por tierra, entre baches y laterales destrozadas, viendo cómo por los aires pasa, veloz y silencioso, el proyecto de decreto.