Hay noticias que un satírico debería recibir con seriedad profesional, y esta es una: mientras usted lee esto, avanza una reforma a la Ley de Derechos de Autor que el cariño popular ya bautizó como “ley antimemes”. El presidente de la Sogem salió a pedir que la norma sirva para defender de verdad los derechos de autor y no para “sancionar la sátira política”, y remató con la frase que hoy nos quita el sueño en la redacción: espera que no sea “censura disfrazada”.

Nosotros también lo esperamos, con un interés que podríamos calificar de estrictamente personal.

Porque conviene entenderlo: un país que legisla contra los memes es un país que le tiene más miedo a una imagen mal recortada que a la inflación. Y no es exageración de columnista: la organización Artículo 19 ya advirtió que la reforma podría agravar la censura en internet, al generar incentivos para que los proveedores vigilen y restrinjan la actividad de los usuarios. Es decir, para que todos estemos tranquilos, alguien tendría que revisar todo lo que usted sube. Por su bien. Como el vecino que se ofrece a cuidarle la casa y de paso le reacomoda los cajones.

Uno imagina el escenario: un funcionario dedicando horas del erario a determinar si aquella foto suya bailando en una posada constituye obra protegida o simplemente una desgracia compartida. Un comité evaluando si el meme del perro con sombrero infringe derechos o solo el buen gusto. Servidores públicos convertidos en curadores de arte digital, con la misma metodología con que se cocinan las encuestas electorales: ninguna.

Lo delicioso del asunto es la confesión implícita. Legislar contra la burla es admitir que la burla funciona; que ese recorte de noventa pixeles pega más fuerte que tres años de oposición formal. Nunca un poder le hizo mejor cumplido a la sátira que intentando ilegalizarla.

Que conste que aquí respetamos escrupulosamente los derechos de autor: los hechos son de quien los protagoniza, y nosotros solo ponemos el subrayado. La opinión, el sarcasmo y la carcajada, hasta donde sabemos, siguen siendo de dominio público. Ojalá sigan así después de la reforma.

Y si no —si un día la sátira política requiere permiso sellado en tres tantos—, al menos habremos aprendido algo: que en este país, cuando alguien dice “no es censura”, conviene revisar dos veces, igual que cuando en otras oficinas dicen “debate innecesario”. La frase tranquilizadora casi siempre es el aviso.