El Senado aprobó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que ya bautizaron como 'Ley Antimemes'. ¿El gran peligro contra el que la República decidió blindarse? Que alguien reproduzca sin permiso logotipos, sellos, dominios o documentos oficiales del gobierno. La pena: de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil UMA, es decir, hasta poco más de un millón de pesos. Caro el chistecito.

Uno imaginaría que para llegar a semejante nivel de celo primero se resolvieron asuntos menores, como la seguridad, el agua o los baches. Pero no: la urgencia nacional era proteger la imagen institucional en redes sociales. El escudo oficial ahora tiene guarura con cárcel incluida; el ciudadano, que se cuide solito.

La respaldaron Morena, el PT y el Verde, con 72 votos a favor en lo general. La propuesta original pedía de tres a siete años, así que toca agradecer la 'moderación': nos quedamos en cinco. Qué alivio, apenas un lustro en el bote por un sticker del águila.

Preguntas que la reforma no responde: ¿qué pasa con el señor de la papelería que imprime diplomas con escudito? ¿Con la tía que reenvía la estampita del gobierno en el grupo de WhatsApp? ¿Con el community manager que, en un descuido, usó el logo oficial para felicitar por el 15 de septiembre? Detalles. Lo importante es el mensaje: en este país te puedes reír de casi todo, menos del membrete.

Y ahí está la ironía final. En un estado donde la propia Fiscalía investiga abusos, donde el agua lleva años atrapada en trámites y donde en algunos municipios se registra prácticamente un homicidio por día, el legislador encontró su cruzada: defender el copyright del gobierno. La patria, por fin, tiene quien la defienda. Lástima que sea su logotipo y no su gente.

Así que ya saben, paisanos: cuiden sus memes como si fueran pólvora. Porque en el nuevo orden, imitar un sello oficial es asunto serio, pero dejar un proyecto de agua potable dos años en el cajón sigue siendo, oficialmente, trabajar.