Hay reuniones de trabajo que terminan en sándwiches y otras que terminan con peritos midiendo casquillos. En el ejido La Haciendita, a las afueras de la capital, se cumplió la segunda modalidad. El empresario Eduardo Almeida Navarro —Lalo, para el círculo cercano— acudió a un encuentro con ejidatarios con quienes mantiene desde hace años una disputa legal por la propiedad de las tierras, y la cosa pasó de los empujones a las detonaciones de arma de fuego, según reportaron las autoridades y el video que circuló. Resultado: Almeida detenido junto a otras dos personas y puesto a disposición de la Fiscalía Zona Centro para deslindar responsabilidades.

Uno entiende que el tema agrario es delicado. Que hay escrituras, herencias, linderos y rencores que llevan décadas marinándose al sol. Pero también entiende que existe un universo de herramientas para resolver conflictos de tierras —abogados, jueces, mediadores, la propia asamblea— y que ninguna de ellas requiere encogerse de hombros y apretar el gatillo en plena junta vecinal. El campo chihuahuense ya tiene suficientes enemigos: la sequía, la presa La Boquilla en niveles preocupantes, el chile jalapeño desplomado a siete pesos el kilo. No necesitaba sumar el género literario del western al acta de asamblea.

Lo notable es el contraste social. Cuando alguien sin corbata se ve envuelto en un episodio así, la narrativa pública lo etiqueta de inmediato. Cuando el protagonista trae portafolio y el adjetivo "empresario" antes del apellido, medio estado discute si fue provocación, defensa o malentendido. Aquí no opinamos de culpas: para eso está la Fiscalía, que ahora tiene la chamba de poner los hechos en su lugar. Lo que sí podemos afirmar, sin temor a difamar a nadie, es que una discusión por tierras que escala a disparos es exactamente lo contrario de lo que el campo necesita.

Que conste en actas, pues: la próxima asamblea, mejor con café, minuta y un mediador. Sale más barato que un abogado penalista y nadie termina trasladado a la Fiscalía un sábado por la tarde.