Pongámonos serios por un instante, aunque el instante dure poco. En el Congreso avanza una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial cuya redacción es tan resbaladiza que, según coinciden los especialistas, deja a la libre interpretación si se puede castigar a quien hace un meme. Léalo otra vez: un país entero podría quedar a merced del criterio del funcionario que, ese día, amaneció sin sentido del humor.

Para un medio satírico esto tiene un encanto especial, porque significa que cada párrafo que usted está leyendo podría convertirse, en teoría, en una infracción. Imagínese la escena: redactores interrogados por un chiste sobre un socavón; peritos analizando si el retruécano constituye uso indebido de marca; un juez preguntando, con toda seriedad, “¿y usted por qué se ríe?”. El absurdo ya no habría que inventarlo; vendría incluido en la gaceta oficial.

La Asociación de Internet lo dijo con nombre y apellido: pide reconsiderar la reforma porque, en los hechos, convertiría a las plataformas digitales y a las redes sociales en entes de supervisión. Es decir, que la aplicación donde usted sube la foto de su gato disfrazado terminaría también encargada de decidir si ese gato infringe una marca registrada. El Gran Hermano, pero administrado por el área de soporte técnico.

Lo delicioso del asunto es la paradoja: una ley pensada —dicen— para proteger la propiedad, podría terminar expropiando lo único que en este país nunca ha tenido dueño ni costo, que es la burla. México es una nación que procesa sus tragedias a punta de memes; quitarle el meme es como quitarle el chile: técnicamente se puede vivir, pero ¿para qué?

No se preocupe, estimado lector. Si esta columna desaparece mañana, usted ya sabrá por qué. Habremos sido reubicados a una casa de cultura recién reinaugurada; esas, al menos, tienen la ventaja de permanecer siempre cerradas.