En la política mexicana las promesas tienen la consistencia del merengue: lucen firmes hasta que les cae encima el primer presupuesto. Por eso conviene detenernos en el regreso de Carlos Mayorga, periodista y activista que acaba de registrarse en el proceso interno de Morena para buscar una diputación federal por el Distrito 02, con sede en Ciudad Juárez.

El dato por sí solo sería uno más del montón de registros que estos días saturan a los partidos. Lo que lo vuelve digno de archivo es su hoja de servicios: en 2021, cuando compitió con el Partido Encuentro Solidario, Mayorga arrancó campaña saliendo de un ataúd. Literal. Con la consigna 'si no cumplo, que me entierren vivo'.

Hay que reconocerlo: es, probablemente, el único político de México que firmó por adelantado su cláusula de penalización. Mientras el resto promete bajo la cómoda cobertura del 'haré lo posible', este hombre estableció consecuencias funerarias para el incumplimiento. Un contrato con garantía. Servicio postventa incluido.

Uno sueña con que la idea se institucionalice. Imagínense una boleta donde cada candidato especifique su penalización: 'si no bajo los recibos de luz, que me corten el aire a mí también'; 'si no pavimento la colonia, que me estacionen en el río de Parral'. La rendición de cuentas, por fin, con un indicador que cualquiera entiende.

Claro que una campaña teatral de 2021 no garantiza nada en 2026. La memoria del electorado es corta y la del ataúd, presumiblemente, reutilizable. Pero en un país donde las promesas se entierran solas al día siguiente de la elección, hay algo refrescante en un aspirante que, al menos, trajo su propio cajón.

Queda la duda existencial para ese proceso interno que dice evaluar 'honestidad, cercanía ciudadana y compromiso': ¿cómo se califica a alguien que ya ofreció su vida como aval? Porque si de compromiso demostrable se trata, el hombre viene con pruebas. Lo demás es cuestión de que el electorado decida si quiere comprobar la garantía.