Prepárese para el trámite más filosófico de Chihuahua: la verificación vehicular que es obligatoria y no obligatoria al mismo tiempo. Un portento de la física aplicada a la burocracia.

El planteamiento es el siguiente. La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado sí contempla que los vehículos se sometan a verificación de emisiones en los periodos que marque el Programa de Verificación Vehicular. Suena claro. El problema empieza cuando uno busca ese programa: hasta principios de octubre de 2026 no aparece en los portales oficiales un calendario estatal vigente que indique fechas por terminación de placa, tarifas, requisitos ni un directorio de verificentros autorizados. Es decir: el mandato existe, pero el lugar donde cumplirlo todavía no.

Estamos, pues, ante el gato de Schrödinger con placas: el trámite está vivo en la ley y muerto en la práctica, y solo sabremos cuál de los dos es verdad el día que alguien publique el bendito calendario. Mientras tanto, el automovilista promedio vive en una elegante paradoja: podría ser infractor por no verificar, pero no puede verificar porque no hay dónde. Kafka habría tomado notas.

La recomendación oficial, muy sensata, es no confundir una disposición incluida en la ley con un programa plenamente habilitado. Traducido al español de la banqueta: no confunda usted lo que dice el papel con lo que existe en la vida real, distinción que el chihuahuense domina desde que tiene memoria y cartera.

Así que, por ahora, la verificación vehicular se parece a esas promesas que uno escucha cada tres años: perfectamente redactadas, jurídicamente contempladas y operativamente ausentes. El día que abran el verificentro, ahí estaremos, formados y con el motor apagado. Hasta entonces, el humo seguirá siendo problema de todos y responsabilidad de nadie en particular.