Pocas cosas definen tanto a Guadalajara como la torta ahogada: birote, carne, salsa de jitomate y, desde este año, una nota al pie sobre contabilidad pública. El presidente del Consejo Político de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí, cuestionó el gasto del Gobierno de Guadalajara en el Día de la Torta Ahogada: más de tres millones de pesos que, divididos entre las piezas, arrojarían el ya célebre cálculo de una torta de unos 126 pesos. Pidió, además, transparentar quién fue el proveedor de las 25 mil tortas. Una pregunta razonable: si la torta cuesta como mariscos, uno quiere saber quién es el chef.

El Gobierno municipal respondió con la serenidad de quien ya tenía el desglose a la mano. Aclaró que no hubo sobrecosto, que el recurso no era de una torta sino de dos festivales gastronómicos, que incluye logística, organización, montaje e insumos, y que se repartieron gratis 26 mil piezas en coordinación con la cámara de restauranteros. En otras palabras: la torta no costó 126 pesos; costó una producción. El birote, de reparto; la salsa, de elenco; el presupuesto, de superproducción.

Y ahí está el detalle fino de la aclaración: para defender que no se gastó de más en una torta, el argumento es que en realidad se gastó en dos festivales. Es el equivalente a decir que no pagaste caro el taco porque, bien visto, compraste la taquería. Tranquilizador a medias.

Mientras los contadores públicos y la afición al picante procesan la cifra, la ciudad sigue con pendientes que no caben en un birote: baches, vialidades y, sobre todo, agua que salga limpia de la llave. Pero reconozcamos el mérito simbólico: en una semana en que el agua del SIAPA salió turbia, Guadalajara logró que lo único que de verdad quedara ahogado fuera el erario, en salsa roja y a la vista de todos.

Que conste que la torta ahogada es patrimonio y orgullo tapatío. El debate no es contra la torta. Es contra la factura. Y esa, por lo visto, también viene bien bañada.