El gobierno de Celaya analiza cancelar la compra de 300 camiones eléctricos a China para, en su lugar, encargárselos a fabricantes mexicanos, y de paso crear una constructora municipal que realice obra social. El alcalde Juan Miguel Ramírez lo planteó con el tono de quien acaba de tener una revelación patriótica, y uno no puede sino aplaudir el “compra lo hecho en México”… mientras recuerda que, para analizar si ya no se le compra a China, primero hubo que ir a ver qué ofrecía China.

Entendámonos: preferir proveedores nacionales es una idea defendible, incluso encomiable. Lo que divierte es la coreografía. Primero se anuncia la flotilla eléctrica con bombo y platillo de modernidad; luego, cuando el tema ya calentó, llega el giro nacionalista como segundo acto. Es el equivalente municipal de pedir la carta completa del restaurante importado y, al final, anunciar muy dignamente que mejor cenamos en la fonda de la esquina. La fonda lo agradece; el mesero del otro lado del mundo, no tanto.

Lo de la constructora municipal merece capítulo aparte. La promesa es noble —hacer obra sin intermediarios—, pero todos hemos visto esta película: un ayuntamiento que decide convertirse también en empresa suele terminar con más nómina, más oficinas y la misma cantidad de baches, solo que ahora con membrete propio. Ojalá esta sea la excepción y no la regla, de verdad.

Por lo pronto, Celaya nos deja una lección de economía doméstica aplicada al erario: el nacionalismo sabe mejor cuando llega en el momento exacto de la foto, y la soberanía industrial es más fácil de proclamar que de cotizar. Que se compren los camiones donde más convenga al ciudadano que los va a pagar —el de aquí, no el de allá— y que la decisión aguante la misma transparencia con la que se anunció. Si el camión es eléctrico, que al menos la explicación no se quede sin pila a media calle.