Pesquería demuele una casona histórica y descubre, sorprendida, que ahora la tiene que volver a construir
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Existe una escuela de administración pública que podríamos llamar 'primero el mazo, luego el manual', y Pesquería acaba de graduarse con honores. El ayuntamiento decidió demoler la llamada 'Casona de Coco' para levantar en su lugar un flamante edificio administrativo de más de 4 mil 300 metros cuadrados, destinado a albergar oficinas municipales y estatales. Un proyecto ambicioso, moderno, con muchos metros cuadrados de aire acondicionado. Solo faltó un detalle menor: la casona era patrimonio histórico, y el INAH lo notó.
La directora del INAH en el estado, Martha Elda Ávalos Salazar, informó que el municipio tendrá que reconstruir el inmueble con recursos propios. Es decir, Pesquería logró la hazaña presupuestal de gastar en tirar algo para luego gastar en volverlo a parar, en un ciclo económico que solo entienden los niños que arman y desarman la misma torre de LEGO por puro gusto. La diferencia es que los niños no usan erario.
El alcalde Francisco Esquivel argumentó en su momento que su administración no encontró el inmueble en el catálogo del Diario Oficial de la Federación. Una defensa impecable: 'no venía en mi lista'. El problema es que el valor patrimonial de un edificio no funciona como cupón de despensa que caduca si no aparece impreso. Ávalos Salazar fue clara en que la protección derivaba precisamente de su valor histórico, ese que uno reconoce parándose enfrente y pensando 'oye, esto se ve viejito e importante', antes de llamar a la retroexcavadora.
Lo verdaderamente elegante del asunto es la nueva definición de 'ahorro' que nos regala Pesquería: destruir un patrimonio irremplazable para construir oficinas, y terminar debiendo tanto el patrimonio como las oficinas. Los que trabajarán en ese edificio de 4 mil 300 metros cuadrados deberían recordar, cada mañana al llegar, que su lugar de trabajo se paró encima de una casona que ahora habrá que reconstruir aparte, porque la historia —a diferencia de un permiso— no se saca en línea. En Nuevo León presumimos de progreso; el detalle es que a veces confundimos progreso con simplemente hacer las cosas dos veces.
La directora del INAH en el estado, Martha Elda Ávalos Salazar, informó que el municipio tendrá que reconstruir el inmueble con recursos propios. Es decir, Pesquería logró la hazaña presupuestal de gastar en tirar algo para luego gastar en volverlo a parar, en un ciclo económico que solo entienden los niños que arman y desarman la misma torre de LEGO por puro gusto. La diferencia es que los niños no usan erario.
El alcalde Francisco Esquivel argumentó en su momento que su administración no encontró el inmueble en el catálogo del Diario Oficial de la Federación. Una defensa impecable: 'no venía en mi lista'. El problema es que el valor patrimonial de un edificio no funciona como cupón de despensa que caduca si no aparece impreso. Ávalos Salazar fue clara en que la protección derivaba precisamente de su valor histórico, ese que uno reconoce parándose enfrente y pensando 'oye, esto se ve viejito e importante', antes de llamar a la retroexcavadora.
Lo verdaderamente elegante del asunto es la nueva definición de 'ahorro' que nos regala Pesquería: destruir un patrimonio irremplazable para construir oficinas, y terminar debiendo tanto el patrimonio como las oficinas. Los que trabajarán en ese edificio de 4 mil 300 metros cuadrados deberían recordar, cada mañana al llegar, que su lugar de trabajo se paró encima de una casona que ahora habrá que reconstruir aparte, porque la historia —a diferencia de un permiso— no se saca en línea. En Nuevo León presumimos de progreso; el detalle es que a veces confundimos progreso con simplemente hacer las cosas dos veces.