Nada dice "felices vacaciones" como una graduación cancelada por falta de dinero. En el municipio de Juárez, una mujer fue detenida por la Policía Municipal luego de que padres de familia la señalaran por presuntamente quedarse con los fondos destinados a la fiesta de fin de curso de alumnos de una escuela primaria. El adeudo, según los padres, rondaba los 33 mil pesos, cantidad suficiente para poner en riesgo toda la celebración y para arruinarle el sexto grado a un salón entero.

La detención, cuentan, ocurrió en el salón de eventos donde iba a realizarse la fiesta, escenario poéticamente cruel: el lugar estaba listo, la ilusión estaba lista, faltaba nada más el detalle de que el dinero llegara a donde debía. En vez de vals de graduación, hubo operativo. En lugar de foto con toga, ficha en el Ministerio Público.

Y no es un caso aislado en la zona. La temporada de graduaciones en Nuevo León trajo consigo su propia epidemia de conflictos por cuotas: en otro plantel de Juárez, padres del kínder se manifestaron con pancartas exigiendo claridad sobre el manejo de los recursos para la graduación de sus hijos. Parece que en algunas escuelas el examen más difícil no lo presentan los niños, sino la contabilidad de los festejos.

Lo verdaderamente triste del asunto no es el monto —33 mil pesos ni siquiera alcanzan para un socavón decente—, sino el aprendizaje involuntario. Los niños de primaria terminaron el ciclo con una lección que no venía en el libro de la SEP: la vida real, esa donde el dinero junta con tanto sacrificio a veces se esfuma antes del pastel. Bienvenidos a la secundaria, chavos; el verdadero mundo empieza cuando entienden que la cuota de la graduación era solo el primer trámite pendiente de muchos.

Que se investigue, que se aclare, que —presuntamente— quien deba responder, responda. Y que los niños, al menos, tengan su fiesta. Se la ganaron a pulso, aunque haya sido presentando el examen más caro de todos: el de aprender que hasta un festejo de sexto grado puede terminar en denuncia.