Hay semanas en las que el karma trabaja horas extra, y a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, le tocó una de esas. Por un lado, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán falló a su favor en el caso contra el senador Gerardo Noroña: el legislador tendrá que ofrecerle una disculpa pública y quedó inscrito por seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. Una disculpa pública en política es un acto de humildad tan raro que debería exhibirse en museo, junto a Ciudad Universitaria y otras piezas históricas de la entidad.

Pero mientras en los tribunales le daban la razón, en su propio municipio Quiroz tuvo que ejercer la firmeza. Tras una riña que escaló a un ataque armado sobre la avenida Latinoamericana, en la que una joven perdió la vida, la alcaldesa ordenó abrir un procedimiento administrativo para investigar a policías municipales por presunta omisión. Y aquí el detalle que araña: reportes preliminares indican que patrullas municipales y personal de Tránsito se encontraban a escasos metros del lugar al momento de la agresión.

A escasos metros. Es decir, no fue un caso de fuerzas desplegadas al otro extremo de la ciudad, sino de estar prácticamente en primera fila. Quiroz fue enfática en que los agentes tienen el deber irrenunciable de salvaguardar el orden y la integridad de la ciudadanía, frase que en el papel nadie discute y que en la práctica, al parecer, conviene repetir.

El contraste de la semana es didáctico: en el plano nacional, una autoridad recibe la orden de disculparse; en el plano local, una autoridad ordena investigar por qué otros no hicieron su trabajo teniéndolo enfrente. Uruapan, entre el ataque armado y el incendio que consumió una vivienda en la colonia San Francisco —por fortuna sin lesionados, pues la familia estaba de vacaciones—, cerró una jornada donde quedó claro que a veces el peor riesgo es tener la ayuda a unos pasos y que igual no llegue.