El Congreso que cobra por copiar y pegar: 271 mil pesos por el derecho a saber
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Hay talentos que solo florecen en Nuevo León. Uno de ellos es la asombrosa capacidad del Congreso local para transformar una solicitud de información digital en un presupuesto de mudanza. Según se dio a conocer, el Poder Legislativo estatal pretende cobrar casi 271 mil pesos por entregar 133,102 copias físicas de unas facturas, a pesar de que la información fue solicitada en formato electrónico. Sí: usted pide un correo con un archivo adjunto y le responden con una orden de compra de papel bond capaz de deforestar un bosque mediano.
El detalle no es menor, porque estamos hablando precisamente del edificio donde se redactan, aprueban y presumen las leyes de transparencia. Es como si la Cruz Roja cobrara por respirar o como si la biblioteca multara por leer. El Congreso legisla la apertura de la información con una mano y, con la otra, activa la caja registradora en cuanto alguien se atreve a ejercer ese derecho. La transparencia existe, claro, pero con caseta de cobro.
Uno imagina la escena: llega el ciudadano, humilde y esperanzado, y solicita ver en qué se gasta el dinero que salió de su propio bolsillo. Del otro lado del mostrador, en lugar de un clic que envíe el archivo sin costo, aparece una cotización de más de un cuarto de millón de pesos y 133 mil hojas que nadie pidió. Es la magia burocrática de convertir el botón de "descargar" en un operativo logístico con montacargas.
Defensores de la maniobra dirán que las copias cuestan, que el papel no es gratis, que hay que pagar tinta. Correcto. Por eso mismo se inventó el formato digital: para no tener que imprimir 133 mil hojas que el solicitante jamás pidió y que sirven, sobre todo, para inflar la factura hasta volver imposible el trámite. No es un error de cálculo; es una barrera con recibo.
El resultado práctico es una transparencia de vitrina: se ve bonita, se presume en el discurso, pero cuesta 271 mil pesos tocarla. En un estado que se llena la boca hablando de gobierno abierto, el mensaje que llega al ciudadano es cristalino: usted tiene todo el derecho a la información, siempre y cuando pueda pagar por kilo el privilegio de conocerla.
El detalle no es menor, porque estamos hablando precisamente del edificio donde se redactan, aprueban y presumen las leyes de transparencia. Es como si la Cruz Roja cobrara por respirar o como si la biblioteca multara por leer. El Congreso legisla la apertura de la información con una mano y, con la otra, activa la caja registradora en cuanto alguien se atreve a ejercer ese derecho. La transparencia existe, claro, pero con caseta de cobro.
Uno imagina la escena: llega el ciudadano, humilde y esperanzado, y solicita ver en qué se gasta el dinero que salió de su propio bolsillo. Del otro lado del mostrador, en lugar de un clic que envíe el archivo sin costo, aparece una cotización de más de un cuarto de millón de pesos y 133 mil hojas que nadie pidió. Es la magia burocrática de convertir el botón de "descargar" en un operativo logístico con montacargas.
Defensores de la maniobra dirán que las copias cuestan, que el papel no es gratis, que hay que pagar tinta. Correcto. Por eso mismo se inventó el formato digital: para no tener que imprimir 133 mil hojas que el solicitante jamás pidió y que sirven, sobre todo, para inflar la factura hasta volver imposible el trámite. No es un error de cálculo; es una barrera con recibo.
El resultado práctico es una transparencia de vitrina: se ve bonita, se presume en el discurso, pero cuesta 271 mil pesos tocarla. En un estado que se llena la boca hablando de gobierno abierto, el mensaje que llega al ciudadano es cristalino: usted tiene todo el derecho a la información, siempre y cuando pueda pagar por kilo el privilegio de conocerla.