Aterrizar en Ciudad Juárez debería costar el boleto de avión y un taxi. Según la imputación del Ministerio Público Federal, para algunos pasajeros incluía un cargo extra no contemplado en ninguna aerolínea. Cuatro elementos de la Guardia Nacional adscritos al Aeropuerto Internacional Abraham González recibieron prisión preventiva acusados de secuestro exprés y extorsión agravada, y fueron ingresados al Cereso Estatal No. 3, mientras un quinto agente permanece bajo investigación por los mismos hechos.

El caso que destapó todo es de manual: un pasajero recién llegado de la Ciudad de México denunció que, tras abordar un taxi oficial autorizado, un guardia nacional presuntamente le exigió tres mil pesos para dejarlo continuar su camino. Tres mil pesos por salir de la terminal. La institución creada para dar seguridad convertida, según la acusación, en la primera caseta de cobro no señalizada de la frontera.

La Iniciativa Privada de Juárez reaccionó pidiendo 'todo el peso de la ley' y recordando que el municipio necesita instituciones fuertes y confiables, no cobradores con uniforme federal. El abogado constitucionalista Gustavo Silva explicó que la calidad de servidores públicos agrava las penas —hasta 40 años por extorsión y 90 por secuestro, de comprobarse—, aunque advirtió lo obvio: reparar la confianza ciudadana tomará años, no sentencias.

Y porque el universo tiene sentido del humor, ese mismo día la Guardia Nacional ofrecía en Tijuana un concierto gratuito con su Mariachi y su Orquesta Sinfónica, una tarde familiar de aplausos y violines. La imagen institucional en estéreo: en una frontera, acusaciones de exigir tres mil pesos por dejar salir del aeropuerto; en la otra, serenata para las familias. Nadie dijo que fuera fácil administrar una corporación tan versátil. Solo faltó que cobraran la entrada al concierto.