Existe una definición muy elegante de transparencia en los libros de derecho, y existe la versión práctica del Congreso de Nuevo León, que consiste en cobrarte cientos de miles de pesos por documentos que, por ley, deberían estar publicados desde antes de que preguntaras. Organismos civiles alzaron la voz para señalar lo obvio: no debería ser necesario ni solicitar papeles que la ley obliga a difundir, como los gastos en viáticos y los comprobantes del uso de recursos públicos.

El esquema es de una belleza kafkiana. Usted, ciudadano curioso, quiere saber cuánto gastaron sus representantes en viáticos. La respuesta institucional es, esencialmente, una cotización. Para conocer el costo del gobierno, primero pague el costo de conocerlo. Es como si el restaurante le cobrara por leer la cuenta, y encima le cobrara caro.

La cifra —cientos de miles de pesos— no es un detalle menor. Es una barrera diseñada, quiéranlo o no, para que la información pública se comporte como información privada premium. Democracia por suscripción, con plan anual y sin periodo de prueba gratis. Y lo mejor: se trata de comprobantes de dinero que ya es de todos, gastado por funcionarios que trabajan para todos, custodiado con un candado que solo abre la cartera de unos cuantos.

Los organismos ciudadanos pidieron al Legislativo poner fin a estas prácticas. Es una petición razonable, casi tímida: que lo público sea, en efecto, público. Suena a perogrullada, pero en Nuevo León pedir que la transparencia sea gratuita es prácticamente una posición radical. Mientras tanto, seguiremos admirando ese talento local para convertir un derecho en un servicio de paga. Si tan solo cobraran también por el bochorno, ya estaríamos en superávit.