Durante meses el discurso oficial fue una obra de arte de la sintaxis: el agua que suministra el SIAPA cumple con todos los parámetros de calidad. Punto. Y uno, ciudadano de bien, se llenaba el vaso, lo miraba a contraluz, veía flotar cosas que no eran hielo y concluía que el problema debía ser su vaso.

Esta semana la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de Jalisco echó a perder la coreografía. Sus monitoreos de agua tomada principalmente en domicilios, de enero de 2024 a marzo de 2026, arrojaron resultados fuera de norma. Los datos no los soltó nadie por convicción democrática: los sacó un periodista vía transparencia. En Jalisco la verdad no se comunica, se solicita en formato, se espera veinte días hábiles y llega en PDF escaneado, de ladito.

Agreguemos la contabilidad. El Gobierno del Estado reconoce alrededor de 200 colonias afectadas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documenta 600, en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, y aclara que la problemática viene desde 2019. Mil trescientas quejas acumuladas. Ciento treinta nada más en lo que va del año. Esta semana le entregaron una queja colectiva con más de mil firmas. Cuatrocientas colonias de diferencia entre lo que dice el gobierno y lo que dice el organismo de derechos humanos. Eso ya no es un margen de error, es un municipio entero perdido en el cambio de hoja de la Excel.

Y entonces llegó el diputado José Luis Tostado a meterle mano al avispero con una propuesta que debería sonrojarnos a todos: que las oficinas públicas de los ayuntamientos paguen el agua que consumen, porque algunas arrastran adeudos millonarios. Léalo despacio. El organismo que le corta el servicio a doña Chuy por atrasarse dos bimestres lleva años surtiendo gratis a quien lo gobierna. Buscamos la fuga por todas las calles de la ciudad y resulta que tenía escritorio, aire acondicionado y cajón de estacionamiento.

La segunda propuesta del diputado es que Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá dejen de hacerse los desentendidos y aporten una parte fija de su presupuesto al sistema intermunicipal. Es decir: que los municipios que se lavan las manos —literalmente, con agua de garrafón— le entren a la cooperacha.

El resto es teatro de temporada. Hay un plan gubernamental de veinte mil millones de pesos para reformar el organismo. Hay quien de plano propone desaparecerlo, que en la tradición local es la manera elegante de no arreglar nada y cambiarle el membrete. Hay un investigador de la UdeG pidiendo, con una cortesía casi conmovedora, que antes de desaparecerlo se haga un análisis técnico. Hay al PAN exigiendo conocer los detalles del proyecto. Hay al PRI convocando a una mesa de trabajo. Hay a un diputado de Morena proponiendo reducir el control estatal. Todos, absolutamente todos, con una botella de agua purificada en la mano durante la conferencia de prensa.

Siete meses lleva la crisis. Seiscientas cincuenta colonias con agua turbia y maloliente, según el recuento más generoso. Y la única frase oficial que sigue en pie, intacta, orgullosa, inmune a los laboratorios, es que el agua cumple con todos los parámetros de calidad.

Cumple, sí. Con los parámetros del café de olla.