Hay una nueva categoría en el derecho mexicano y merece entrar a los manuales: el localizable. No es prófugo, porque nadie lo busca. No es detenido, porque nadie lo detiene. No es libre, porque no puede salir. Es localizable. Y como todo lo localizable en este país, nadie lo ha localizado.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, lleva seis semanas sin aparecer públicamente desde que fue a declarar a la Fiscalía en Culiacán el 26 de mayo. La Presidenta asegura que está localizable. El secretario de Seguridad afirma que lo resguarda la policía estatal. Reportes periodísticos apuntan a un rancho en Guamúchil, o a la 9ª Zona Militar en Culiacán, o a la III Región Militar en Mazatlán. Otra versión sostiene que fuerzas federales lo movieron de sitio de forma intempestiva y en el más absoluto secreto. Resumiendo: está perfectamente ubicado en tres lugares distintos, ninguno de los cuales podemos decirle.

El trámite es exquisito. La Fiscalía General de la República admite que aún no tiene pruebas de los presuntos nexos que el gobierno de Estados Unidos le atribuye. Bien: la presunción de inocencia es lo que separa a un Estado de derecho de una asamblea de vecinos. Pero entonces surge la pregunta natural del ciudadano que paga impuestos y agua turbia: si no hay pruebas, si no hay imputación, si es un funcionario con licencia y sin cargos, ¿por qué está escondido? ¿De qué se resguarda un hombre al que nadie acusa formalmente de nada? Uno no se muda a una zona militar por el clima.

Y viene la joya de la corona administrativa. La FGR reservó hasta 2031 —cinco años— el cuestionario que le aplicó. No las respuestas. Las preguntas. El país no puede saber qué le preguntaron a un servidor público sobre un tema de interés nacional evidente. Nos vamos a enterar de las dudas de la Fiscalía cuando los bebés que nacieron esta semana estén en tercero de primaria, cuando ya haya pasado otra elección, cuando ya nadie recuerde por qué era importante. Es la versión burocrática del "ahorita te digo", pero con sello, folio y fundamento legal.

Lo elegante del arreglo es que todos cumplen. La Fiscalía cumple: investiga y no tiene pruebas. La Presidencia cumple: no lo protege, lo tiene localizable. El Ejército cumple: no lo esconde, lo resguarda. Las fuerzas federales cumplen: no lo ocultan, lo reubican. El propio Rocha Moya cumple: no se fugó, se resguardó. Todos cumplen y sin embargo hay un gobernador que nadie puede ver, un cuestionario que nadie puede leer y un país que no puede preguntar sin que le contesten con un catálogo de sinónimos.

Mientras tanto Washington exhibe un avión en una feria en Nuevo México, el ex embajador insiste en que la verdad es la verdad, la Fiscalía mexicana acusa al FBI de entregar información falsa e imprecisa, y la Secretaria de Gobernación sugiere que del otro lado alguien pudo haber pactado. Dos gobiernos discutiendo con vehemencia quién mintió sobre un operativo que, según ambos, no fue suyo.

Mientras tanto, en Sinaloa siguen los operativos. Y en Guadalajara, con perdón, seguimos hirviendo el agua.

El expediente, decíamos, se abre en 2031. Anótenlo en la agenda. Es lo único de este país que sí tiene fecha garantizada de entrega.