El Ayuntamiento de Puerto Vallarta tiene, contra lo que dicen los malpensados, un aparato de inspección formidable. En los últimos cuatro años clausuró 335 establecimientos por operar sin licencia de funcionamiento municipal. Trescientos treinta y cinco negocios que bajaron la cortina, pagaron su multa y se pusieron al corriente. Un músculo fiscalizador de primer mundo. Una máquina.

Una máquina con un punto ciego del tamaño exacto de un restaurante llamado Basilio, que durante esos mismos cuatro años operó sin licencia de funcionamiento y jamás fue clausurado.

Uno entiende que a la autoridad se le escape un negocio. Somos humanos, hay tráfico, hay lluvia, se descompone la moto del inspector. Pero cuatro años seguidos ya no es un descuido: es una relación. Cuatro años son mil cuatrocientos sesenta amaneceres en los que alguien, en algún escritorio, abrió el padrón, recorrió la lista con el dedo, llegó al renglón y decidió que ese renglón merecía respirar. Trescientas treinta y cinco veces el dedo se detuvo y clausuró. Una vez, sistemáticamente, siguió de largo.

No vamos a especular. No hay que hacerlo. Las preguntas se hacen solas y son de un candor administrativo irresistible: ¿el inspector nunca pasó por ahí? ¿Pasó y no vio? ¿Vio y le pareció que la licencia estaba implícita? ¿Existe en Vallarta un régimen de licencia tácita, esa figura por la cual un establecimiento adquiere permiso municipal por el simple transcurso del tiempo, como la posesión pacífica de un terreno? Porque de ser así, muchos de esos 335 negocios clausurados van a querer amparo, y con razón.

El mismo municipio, en la misma semana, nos dio otras dos postales de su relación con la letra chica. Primera: declararon desierta la licitación para actualizar el Atlas de Riesgo, porque la propuesta económica más baja se alejaba demasiado del precio promedio. Es decir, el instrumento que sirve para saber dónde se inunda, dónde se derrumba y dónde no debería construirse nada, sigue sin actualizarse. En un puerto. En temporada de lluvias. Con un cocodrilo paseándose por Marina Vallarta y otro por los canales del subconsciente municipal.

Segunda: la ampliación del malecón. Arrancó en octubre. Se prometió lista en seis semanas. Luego en marzo. Luego en abril. Hoy, más de siete meses después, la obra sigue inconclusa y con los trabajos prácticamente detenidos. Seis semanas. Le pusieron plazo de seis semanas a una obra pública frente al mar, en el municipio donde llueve con 100% de probabilidad, y alguien lo firmó sin reírse.

Así que hagamos cuentas honestas. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es capaz de clausurar 335 negocios en cuatro años, pero no de terminar un malecón en siete meses. Es capaz de detectar hasta el último puesto sin permiso, pero no de contratar un mapa de riesgos. Es capaz de aplicar la norma con rigor implacable a trescientas treinta y cinco cortinas metálicas, y de mantener una mesa perpetuamente servida.

Es la eficiencia municipal en su forma más pura: selectiva, incansable y perfectamente puntual con quien no tiene padrino.