El alcalde de Tonalá manda su propio rastro a la Fiscalía Anticorrupción (y no, no es albur)
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En el ranking de titulares que parecen albur pero no lo son, esta semana gana Tonalá. El alcalde Sergio Chávez anunció que llevará ante la Fiscalía Anticorrupción el caso del nuevo rastro municipal, además de redireccionar los recursos destinados a la obra, luego de la polémica por un presunto conflicto de interés. Traducido: el munícipe decidió mandar su propio proyecto al ministerio público antes de que alguien más se lo mandara. Autocrítica institucional o ajedrez político, usted juzgue.
El gesto tiene su mérito retórico. Estamos acostumbrados a que los expedientes lleguen a las fiscalías empujados por la oposición, por la prensa o por un ciudadano enojado con tiempo libre; aquí, en cambio, la propia autoridad toca la puerta y dice: «vengo a entregar el caso». Es el equivalente cívico a confesar que dejaste el coche mal estacionado antes de que llegue la grúa. Loable, sí; también prudentísimo.
Lo poético es que se trate, justamente, de un rastro. Porque pocas obras resumen mejor la política local que un sitio pensado para procesar todo lo que llega: ahí entran las reses y ahí entran, metafóricamente, las carreras que descuidaron sus apariencias. Redireccionar los recursos suena a maniobra responsable, aunque deja una pregunta flotando en el aire tonalteca: si el dinero ya no va al rastro, ¿a dónde va? El erario, como la sangre en el matadero, nunca desaparece; solo cambia de cubeta.
Conste que aquí no acusamos a nadie de nada: el alcalde habla de un presunto conflicto de interés, y será la autoridad, no esta columna, quien determine si hubo algo más que mala óptica. Pero la óptica, en política, pesa tanto como los hechos. Y la imagen de un gobierno que se autodenuncia, redirige presupuestos y promete transparencia resulta, cuando menos, refrescante en un estado donde lo normal es enterarse de los líos tres administraciones después.
Ojalá el caso se aclare pronto y bien, ojalá el rastro —o lo que quede de su presupuesto— termine sirviendo para algo útil, y ojalá esta moda de mandar uno mismo sus pendientes a la Fiscalía cunda entre los colegas. Tonalá podría haber inventado, sin querer, el primer rastro que en lugar de procesar reses procesa expedientes. Buen provecho.
El gesto tiene su mérito retórico. Estamos acostumbrados a que los expedientes lleguen a las fiscalías empujados por la oposición, por la prensa o por un ciudadano enojado con tiempo libre; aquí, en cambio, la propia autoridad toca la puerta y dice: «vengo a entregar el caso». Es el equivalente cívico a confesar que dejaste el coche mal estacionado antes de que llegue la grúa. Loable, sí; también prudentísimo.
Lo poético es que se trate, justamente, de un rastro. Porque pocas obras resumen mejor la política local que un sitio pensado para procesar todo lo que llega: ahí entran las reses y ahí entran, metafóricamente, las carreras que descuidaron sus apariencias. Redireccionar los recursos suena a maniobra responsable, aunque deja una pregunta flotando en el aire tonalteca: si el dinero ya no va al rastro, ¿a dónde va? El erario, como la sangre en el matadero, nunca desaparece; solo cambia de cubeta.
Conste que aquí no acusamos a nadie de nada: el alcalde habla de un presunto conflicto de interés, y será la autoridad, no esta columna, quien determine si hubo algo más que mala óptica. Pero la óptica, en política, pesa tanto como los hechos. Y la imagen de un gobierno que se autodenuncia, redirige presupuestos y promete transparencia resulta, cuando menos, refrescante en un estado donde lo normal es enterarse de los líos tres administraciones después.
Ojalá el caso se aclare pronto y bien, ojalá el rastro —o lo que quede de su presupuesto— termine sirviendo para algo útil, y ojalá esta moda de mandar uno mismo sus pendientes a la Fiscalía cunda entre los colegas. Tonalá podría haber inventado, sin querer, el primer rastro que en lugar de procesar reses procesa expedientes. Buen provecho.