Organismos ciudadanos denunciaron que el Congreso de Nuevo León les pide pagos de cientos de miles de pesos para entregar documentos que, por ley, deberían estar publicados de oficio. Léase con calma: cientos de miles de pesos. Por papeles que la ley obliga a subir a internet. Antes de que alguien los pida.

Es un modelo de negocio elegante. Primero incumples la obligación de publicar. Luego cobras por el remedio. Es como si el gobierno dejara de bachear una avenida y después te vendiera la grava.

Los documentos en cuestión no son planos militares ni la fórmula secreta de la Coca-Cola. Son viáticos. Comprobantes de gasto de recursos públicos. Los ticket de restaurante, pues; los boletos de avión; las noches de hotel. Ese material inflamable. Uno entiende la resistencia: nada erosiona más la majestad del Poder Legislativo que un desglose de cuánto costó la comida.

Y el mecanismo tiene una belleza kafkiana. Formalmente, nadie te niega nada. Tienes derecho a la información, faltaba más, el derecho es sagrado, está en la Constitución, viene con foto. Solo hay una cuota de reproducción. Una cuota que curiosamente equivale al presupuesto anual de una asociación civil pequeña. No es censura: es logística. No es opacidad: es papelería. El Congreso no te dice que no. El Congreso te dice: sí, cómo no, son ochocientas mil copias a peso la copia, ¿efectivo o transferencia?

Lo genial es que funciona. Nadie paga. Y como nadie paga, técnicamente nadie solicitó. Y como nadie solicitó, el expediente se cierra con un elegante "no hubo interés ciudadano". La opacidad perfecta no es la que oculta: es la que factura.

Mención aparte merece el timing. Esto ocurre la misma semana en que el secretario general de Gobierno celebró la reforma que reduce la edad mínima para contender por una diputación, una alcaldía o la gubernatura, porque abrir espacios a las nuevas generaciones permitirá incorporar "nuevas ideas y perspectivas a la administración pública". Estupendo. Sangre joven. Pensamiento fresco. Diputados que crecieron con internet, con transparencia digital, con la noción básica de que un PDF se comparte con un clic.

Y llegarán a un Congreso donde compartir un PDF cuesta seiscientos mil pesos.

Uno se los imagina: veinticinco años, ilusionados, con su iniciativa de gobierno abierto bajo el brazo, y a los tres meses ya dominando el arte ancestral de la reserva de información por cinco años "por tratarse de un proceso deliberativo en curso". Las nuevas ideas no fracasan en Nuevo León: se adaptan. Es un ecosistema. Entras siendo activista y sales siendo unidad de transparencia.

Y que quede claro que aquí no se acusa a nadie de nada delictivo. Cobrar derechos por reproducción de documentos puede ser perfectamente legal. Esa es exactamente la denuncia y ese es exactamente el chiste: el candado no es ilegal, es reglamentario. La ley que obliga a publicar convive, tan campante, con el tabulador que hace impagable pedirlo. Los dos textos se saludan en el pasillo y no se dirigen la palabra.

Mientras tanto, en el mismo estado, cinco estudiantes de la Facultad de Economía de la UANL acaban de ganar el Reto Banxico, primer lugar nacional, un logro histórico. Son buenos con los números. Son buenos con los datos. Saben leer una serie de tiempo, modelar un escenario, defender una tesis frente a un jurado.

Que no se les ocurra pedir los viáticos del Congreso. No les alcanza la beca.