El estacionamiento subterráneo del Parque Morelos, en Celaya, será rehabilitado por una constructora. ¿Cómo lo sabemos? Porque el alcalde Ramírez Sánchez lo dijo con una frase que merece ser tallada en cantera a la entrada del palacio municipal: hay trato de palabra, falta un papelito firmado.

El papelito.

Esa nimiedad. Ese trámite ornamental. Ese resabio leguleyo que en el resto del planeta se conoce como contrato, convenio, instrumento jurídico, obligación exigible, cosa que puedes enseñarle a un juez. Aquí es un papelito. Diminutivo cariñoso, casi tierno, como decirle "pastelito" a la deuda pública.

Y vaya que hay ternura en el planteamiento. Dos partes se dan la mano, se miran a los ojos, y de esa comunión brota una obra de infraestructura urbana. Ni fianza, ni penalización por incumplimiento, ni calendario de entrega, ni ese aburridísimo apartado que empieza con "en caso de controversia, las partes se someten…". Nada. Confianza. Celaya avanza sobre un lecho de buena fe.

Deberíamos generalizar el modelo. Que los celayenses paguen el predial de palabra. Que las multas de tránsito se cobren con un apretón de manos. Que el impuesto sobre nómina se entere mediante una mirada cómplice entre el patrón y el tesorero. Si el papelito es opcional para la constructora, es opcional para todos, ¿o cómo era eso de la igualdad ante la ley?

Uno entiende el impulso. El alcalde quiere anunciar. Quiere que el ciudadano sepa que el subterráneo del Parque Morelos, ese hoyo mítico, ese Aleph celayense donde caben todos los desperfectos del municipio, por fin tendrá quien lo cuide. Y la tentación de anunciar antes de firmar es la enfermedad crónica de la política mexicana: se corta el listón de una idea.

El problema es que las ideas no tienen garantía. Cuando el papelito no existe y la constructora cambia de opinión, de dueño o de país, el ciudadano se queda con una conferencia de prensa y un estacionamiento igual de subterráneo que antes, pero más oscuro.

Mientras tanto, en la misma ciudad, un colectivo pide cambiar el trazo del tren de pasajeros, los transportistas eligen entre cinco empresas para el prepago, y un tribunal le acaba de quitar veintiséis camiones a una concesionaria. Cosas todas que se resolvieron, curiosamente, con papelitos firmados.

Qué instrumento tan poderoso. Habría que probarlo.