Fue una gran semana para la Suprema Corte, si medimos la grandeza en volumen de conversación y no en jurisprudencia.

Primer acto: durante la sesión del jueves, la ministra Lenia Batres se levantó de su lugar y fue a platicar con el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, justo cuando el ministro Giovani Figueroa estaba en el uso de la palabra. Figueroa hizo lo que hace cualquier persona a la que le hablan encima: se calló. Un silencio breve, incómodo, elocuente, del tipo que en las juntas de condominio dura más que cualquier reclamo. El máximo tribunal del país, la última instancia de la República, la casa de la Constitución, resolviendo un asunto de fondos de retiro con la dinámica social de un salón de tercero de primaria cuando la maestra se va por gises.

Segundo acto: en la misma discusión —sobre si deben gravarse los recursos entregados a los familiares de trabajadores fallecidos— la ministra planteó la idea del impuesto a herencias. Y entonces el país entero, que hasta ese momento no sabía si tenía o no algo que heredar, descubrió que sí tenía, y que se lo iban a quitar. La reacción fue tan rápida que Ricardo Monreal tuvo que salir a apagar el incendio con una manguera prestada: no hay ninguna iniciativa, nadie ha presentado nada, San Lázaro no permitirá invasiones a sus facultades legislativas. Es decir: no existe el impuesto, no existe el proyecto, no existe el papel, pero ya existe el pánico. Y el pánico es lo único que en México nunca requiere trámite.

Hay que apreciar la coreografía. Una ministra opina en voz alta desde el estrado y el coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados tiene que aclarar, en tono de padre que recoge a su hija de una fiesta, que en el Legislativo nadie está gravando la Afore de nadie. La división de poderes funcionando exactamente como no fue diseñada: uno legisla desde la banca, otro desmiente desde la tribuna, y el ciudadano promedio revisa nerviosamente su estado de cuenta para descubrir que su herencia consiste en un refrigerador, dos deudas y un terreno en litigio desde 1987.

Porque ese es el chiste que nadie hizo. El impuesto a las herencias en México sería, ante todo, un impuesto a la ilusión. La mayoría de este país no hereda patrimonio: hereda pendientes. Hereda el crédito Infonavit a medio pagar, la escritura que nunca se regularizó, el tío que dice que la casa también es suya. La discusión sobre gravar herencias en un país donde el 60% del empleo es informal tiene la misma pertinencia que un debate sobre el impuesto predial en la luna.

Y sin embargo aquí estamos, con una ministra que interrumpe sesiones y luego tiene que ser desmentida por un legislador de su propio movimiento, y con un Pleno que ya no sabe si está deliberando o esperando a que se acomoden las sillas. Ni la interrupción ni la propuesta constituyen delito alguno; constituyen algo peor en la vida pública: ruido. Ruido en el único lugar del país donde el silencio tenía función constitucional.

Monreal fue tajante: no tenemos en puerta ninguna intención de gravar las herencias. Bien. Anótenlo, guárdenlo, lamínenlo. Porque en México las cosas que nadie ha propuesto tienen una notable tendencia a aparecer en el paquete económico de septiembre, envueltas en papel de regalo y con la etiqueta de armonización normativa.

Mientras tanto, la Corte sigue sesionando. El ministro Figueroa recuperó el uso de la palabra. Nadie sabe qué estaba diciendo.