El país vive una semana intensa de introspección jurídica. La Fiscalía General de la República acusó al exembajador Ken Salazar de faltar a la verdad sobre el operativo que llevó al “Mayo” Zambada a territorio estadounidense, calificando sus declaraciones como “falsos de toda falsedad” —una expresión tan enfática que uno sospecha que la redactaron con el ceño fruncido—. En paralelo, hay quienes proponen someterlo al detector de mentiras, o de plano al mítico suero de la verdad, como si estuviéramos en una película de espías de bajo presupuesto y no en un desencuentro diplomático.

Lo notable, como bien observó un columnista esta semana, es el enfoque. Nos indigna profundamente el modo en que se capturó al capo —la presunta violación a nuestra intocable soberanía— y nos incomoda muchísimo menos el detalle de que nosotros nunca habíamos podido capturarlo. Es la clásica jerarquía nacional de las preocupaciones: primero el protocolo, luego el resultado. Como si al bombero le reclamáramos haber entrado sin tocar la puerta.

Por si faltara condimento, el senador Fernández Noroña aportó la teoría de que Washington actuó para desestabilizar al Gobierno federal, versión que convierte una captura en una conspiración y a un capo en víctima colateral de la geopolítica. Uno admira la imaginación, aunque preferiría verla aplicada a expedientes que llevan años empolvándose.

El refrán que recuperó el columnista lo resume mejor que cualquier comunicado: “de un muchacho malcriado, cualquiera es su padre”. Es decir, cuando algo está mal, cualquiera tiene derecho a corregirlo. El problema no es la soberanía herida, sino la soberbia raspada de quienes no toleran quedar exhibidos. Y contra la soberbia, hay que decirlo, todavía no inventan detector. Ni suero. Ni polígrafo que aguante tanto.