La historia empezó como cuento tierno de redes sociales: una perrita flaca, con el pelo enmarañado, asomándose desde la azotea de una casa en la plaza de San Fernando, en el corazón de Guanajuato capital. La ciudadanía se conmovió, las fotos circularon y dos organizaciones acudieron a rescatarla, Tlacuatzín Rescue y Fundación Corazón Animal. Hasta ahí, todo era compasión. Después entró la burocracia y la cosa se puso muy guanajuatense.

Resulta que la policía ambiental le negó el acceso a una de las organizaciones —Tlacuatzín, que además ha sido crítica del gobierno municipal— y le entregó la perrita a la otra. Los excluidos señalaron que se les hizo a un lado a pesar de que hasta habían presentado denuncia ante el Ministerio Público, y acusaron favoritismo de la autoridad. O sea: en la capital del estado, hasta para sacar a un animalito de una azotea hay lista de acceso, y parece que la condición de entrada no es tener camillita ni veterinario, sino no haber criticado al alcalde.

Meditémoslo. Estamos hablando de una perrita. Ni un contrato de obra pública, ni una concesión de basura, ni una notaría. Una perrita. Y aun así, el aparato municipal encontró la manera de que la operación de rescate tuviera bando favorecido y bando castigado. Es un talento notable: convertir un acto de piedad en una disputa de padrinazgos. Si así se reparte el acceso a una azotea, uno se pregunta cómo se reparte todo lo demás.

La perrita, al menos, tuvo final feliz: la llevaron a una clínica, la bañaron, le quitaron el pelambre y recibió atención médica. Menos suerte corrió el husky que también estaba en mal estado y que, por el momento, no fue sustraído; se quedó esperando, digamos, su cita en la agenda. Ojalá el segundo rescate no dependa también de la simpatía política del municipio, porque sería el colmo que en Guanajuato hasta los perros tuvieran que declararse apartidistas para que los salven. Moraleja del día: en la capital puedes tener buen corazón, pero conviene tenerlo con las relaciones públicas en regla.