El INEGI trae malas noticias para las series de abogados brillantes: en Chihuahua, cuatro de cada diez profesionistas del Derecho trabajan fuera de su profesión. De los 16 mil 300 licenciados con empleo formal en el estado, solo el 57% ejerce actividades relacionadas con su carrera; el 43% restante anda subempleado o de plano dedicado a otra cosa.

Traducción para el ciudadano de a pie: la próxima vez que en una carne asada alguien presuma su título en Derecho, existe casi un cuarenta por ciento de probabilidad de que su verdadera especialidad hoy sea vender seguros, atender un mostrador o manejar aplicaciones de transporte. Objeción, su señoría: la realidad económica no acepta amparos.

Uno se los imagina en la facultad, con la mirada encendida, soñando con litigar el caso del siglo, defender a los inocentes y hacer temblar al sistema. Cinco años después, el sistema tembló, sí, pero de risa, porque el mercado laboral no tenía tantas togas que repartir. Y ahí anda la promesa jurídica del estado, redactando cotizaciones en lugar de demandas, negociando descuentos en lugar de sentencias.

Lo cruel del dato es que Chihuahua no produce pocos abogados; produce demasiados para las vacantes disponibles. Cada generación egresa convencida de que llenará un juzgado, cuando en realidad va a llenar formularios en cualquier oficina que pague la quincena. La justicia es ciega, pero el desempleo profesional ve de maravilla y elige con puntería.

No es un tema menor: detrás de cada porcentaje hay una persona que pagó colegiatura, se desveló estudiando el Código Civil y hoy aplica su formación exclusivamente para leerse los contratos de arrendamiento con letra chiquita. Que conste que saber Derecho nunca sobra; lo que sobra, al parecer, son los diplomas frente a la oferta real de trabajo. Y mientras tanto, el 43% sigue esperando su turno para ejercer, que en Chihuahua, como todo trámite, se toma su tiempo.