Hay obras que dividen a la clase política y hay obras que la unen en el arte de estar de acuerdo sin ponerse de acuerdo. La avenida Poniente 5 —también bautizada bulevar Luis H. Álvarez— es de las segundas. Se trata de un primer tramo de 3.27 kilómetros que, según el Implan, beneficiará a unos 66 mil habitantes y retirará cerca de cuatro mil viajes diarios del saturado periférico De la Juventud. En el papel, una maravilla. En la práctica, el clásico dilema chihuahuense: la obra sí, la deuda sobre mi cadáver.

Los regidores de Morena, encabezados por Miguel Riggs, aclararon hasta el cansancio que no están en contra del proyecto, sino del crédito: aseguran que el municipio tiene "suficiencia presupuestal" para invertir los 150 millones iniciales sin pedir prestado. En el Congreso, Cuauhtémoc Estrada repitió la partitura: la obra no está en discusión, lo que sobra es el endeudamiento que heredarían "a próximas administraciones". El PAN, por su parte, resaltó la utilidad del bulevar, y el alcalde Marco Bonilla acusó a Morena de frenar el proyecto por motivos políticos. Es decir: todos quieren el bulevar, ninguno quiere la factura, y cada quien jura que el otro es el que trae el freno de mano puesto.

Lo entrañable del asunto es la coreografía. Nadie se opone a la avenida —sería como oponerse a que no haya tráfico—, así que la pelea se muda al terreno más noble de la política local: quién queda como el responsable y quién como el prudente. Morena se pinta de austero, el gobierno municipal de visionario, y el ciudadano de a pie, ese que hoy pierde media hora en el periférico, se queda esperando que el consenso llegue antes que los 3.27 kilómetros de asfalto. Porque en Chihuahua, construir una vialidad es rápido; construir un acuerdo sobre cómo pagarla puede tardar más que las próximas décadas de crecimiento urbano que tanto presumen.