Miércoles de julio, con el cielo amenazando lluvia sobre toda la metrópoli y las llaves de casa amenazando con algo peor. Porque en Jalisco ya nos acostumbramos a que del grifo salga un líquido que, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, padecen los vecinos de unas 600 colonias —o 200, según de qué funcionario se trate el conteo del día—. La cifra baila, el agua no: sigue saliendo del mismo color sospechoso.

Esta semana por fin apareció el gobernador Pablo Lemus a encabezar personalmente la crisis del "agua puerca". Antes había mandado al jefe de gabinete, y antes de eso hubo Mundial y una cirugía de urgencia, así que hay que reconocer que el hombre tuvo la delicadeza de reponerse antes de venir a decirnos que a lo mejor —con suerte— el asunto se empieza a resolver para fin de año. Mientras tanto: pipas, garrafones y vales. La receta de siempre para una emergencia que ya cumple más semanas que un partido de repechaje.

El Gobierno estatal entregó al Congreso un Plan Hídrico de 400 páginas, todo un tabique de buenas intenciones al que, según la propia narrativa oficial, solo le falta un detallito: definir de dónde saldrá el dinero. Cinco mil millones de arranque, veinte mil de propina, y nadie que aclare la fuente. Es como pedir agua limpia: sabemos que existe en teoría, pero no llega a la casa.

Mientras tanto, la política jalisciense encontró su deporte favorito: pasarse la culpa como si fuera garrafón caliente. La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso ya dio con el gran responsable de que el agua salga turbia —el Gobierno federal, faltaba más— y le reclama a la Conagua 131 millones de pesos, acusando a Morena de aportar "cero pesos, cero centavos y cero soluciones". La Federación respondió que no, que ahí hay más de dos mil doscientos millones invertidos, gracias. Y en medio del pleito, el alcalde de Zapopan pide que no se politice el tema del agua. Pedir eso en Jalisco es como pedir que no se moje la lluvia.

Hubo hasta clase de geografía comparada: alguien nos recordó que en París hay mil 300 fuentes de agua potable en la calle y una empresa pública que abastece a tres millones de personas. Muy bonito. Aquí la única fuente pública que funciona sin falla es la de las excusas, y esa surte gasificada.

En el Congreso ya se discute hasta condonarle el pago a las 200 colonias que reciben agua contaminada, aunque una diputada de Hacienda advierte, con toda razón, que el SIAPA no tiene ni para eso. Cobrar por agua puerca ya era osado; que además nos quieran cobrar el coraje es de otra liga.

Bajemos a la costa, donde Puerto Vallarta vive su propia versión del malabarismo presupuestal. El alcalde Luis Munguía anunció que gestionará un adelanto de participaciones federales de hasta 100 millones de pesos para cerrar el año: bonos del sindicato, gasolina para la flotilla y chasis para los camiones de la basura. De hecho, mañana el Cabildo vota destinar 25 millones para comprar diez chasis, porque las cajas compactadoras ya las tienen, solo les faltaba con qué rodarlas. Un municipio que compra la caja antes que el camión: la definición exacta de empezar la casa por el techo, pero con basura.

Y hablando de trabajo municipal, un medio local revisó las comisiones edilicias de Vallarta y descubrió que varias llevan meses —algunas más de un año— sin sesionar. La joya de la corona: la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción no se reúne desde noviembre de 2025, y el enlace de otra de sus comisiones ni siquiera abre. Transparencia tan transparente que ya no se ve.

Mientras en Vallarta debaten chasis, la ocupación hotelera cayó más de siete puntos en el primer semestre, con un marzo desplomado. Todo esto en el mismo estado que apenas presume el Mundial. Y aquí viene el otro chiste amargo: Turismo festeja 11 mil 500 millones de derrama, pero el comité había prometido 20 mil millones y tres millones de visitantes. O sea que del pronóstico a la realidad hubo una fuga de expectativas casi tan grande como las 173 que reparó el SEAPAL en Vallarta esta semana.

Por si faltaba condimento nacional, en Baja California la gobernadora Marina del Pilar Ávila admitió la autenticidad de un audio —aunque dice que está "sacado de contexto"— y de golpe la 4T anda con el editorial de La Jornada preguntándose aquello de "si delata como sapo". Y el gobernador Lemus, muy oportuno, presentó una iniciativa para castigar a quien meta a menores a las máquinas tragamonedas. Buena causa. Aunque en este estado el juego de azar más popular sigue siendo abrir la llave a ver qué sale.