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El Destiempo

La noticia, pero a destiempo — sátira y opinión sobre la prensa local de México.

Edición Nacional 12 de agosto, 2026
Chihuahua Nota 16 de julio de 2026

En Chihuahua la política exterior ya se despacha desde Palacio

Por El Carelio

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En Chihuahua la política exterior ya se despacha desde Palacio
Hay descubrimientos que cambian la historia: el fuego, la rueda, y ahora esto — que la política exterior mexicana, según parece, se puede despachar desde Palacio de Gobierno en Chihuahua, entre un café y una conferencia de prensa.

Primero fue el escándalo por la presencia de agentes estadounidenses en territorio estatal, episodio que dejó flotando la duda de si las autorizaciones federales son un requisito constitucional o más bien un adorno, como los cuadros del pasillo. Ahora llega el segundo capítulo de la saga: un convenio internacional firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento e Israel que, según documentos de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores obtenidos vía transparencia, nunca fue registrado donde la ley dice que debía registrarse.

La pregunta se cae de madura: ¿en Chihuahua ya opera una Cancillería alterna y a nadie se le ocurrió mandar el memorándum? Porque hasta donde recuerda la legislación mexicana —ese documento que todos citan y nadie abre— las relaciones internacionales no son competencia estatal ni municipal. Para eso existe la SRE, esa dependencia lejana allá en la Ciudad de México. Pero algunos funcionarios parecen leer la Constitución como el instructivo de un mueble armable: hasta que sobran tornillos y la cosa ya está chueca.

La respuesta de la Cancillería fue de una sequía casi chihuahuense: no encontró registrado el convenio. La de la JCAS fue todavía más imaginativa: prácticamente reconoció que ni siquiera era competente para hacer ese trámite. Traducción al español de banqueta: "sabíamos que no nos tocaba… pero de todos modos lo hicimos". Una honestidad conmovedora, del mismo género que el niño que confiesa haberse comido el pastel mientras trae betún en la cara.

Y cuando llovieron las críticas —lo único que llueve seguido por acá—, la explicación oficial fue que sólo se buscaba tecnología para el agua. Es decir, el clásico "yo nomás venía a saludar". Nadie discute que Israel tenga avances tecnológicos en materia hídrica; en un estado donde el agua se administra a punta de milagro y presa vacía, cualquiera anda buscando el manual. El problema no es aprender de otro país. El problema es brincarse los procedimientos que existen precisamente para que la cooperación internacional pase por los filtros constitucionales correspondientes.

Lo verdaderamente pintoresco es el reflejo: cada vez que estalla una controversia así, el Gobierno del Estado contesta como si el debate fuera ideológico y no jurídico. Se responde con adjetivos cuando se preguntó por artículos. Y no, la Constitución no distingue entre convenios simpáticos y convenios incómodos, ni entre socios que caen bien y socios que caen mal. Tampoco trae la cláusula secreta que dice que las reglas se pueden ignorar cuando el objetivo suena bonito.

La coincidencia con el caso de los agentes estadounidenses es tan inevitable como el aire de El Paso: en ambos episodios la pregunta de fondo nunca fue si la cooperación internacional es buena o mala. La pregunta es quién tiene la facultad constitucional para autorizarla. Nada más eso. Un asunto de a quién le toca firmar, no de a quién le cae bien quién.

Tal vez estamos ante una innovación administrativa que el resto del país aún desconoce: un gobierno estatal capaz de conducir relaciones internacionales, celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros y decidir soberanamente cuándo la Federación se entera… o cuándo se queda viendo desde la banca, como aficionado de tribuna. Si esa es la nueva doctrina, alguien debería avisarle a la Cancillería, no vaya a ser que amanezca creyendo que todavía manda.

Porque a este paso la política exterior mexicana ya no se define en Tlatelolco, sino entre unas oficinas estatales y unas cuantas conferencias de prensa donde toda pregunta incómoda termina clasificada como "ridículo" o "irrisible" — dos palabras que, curiosamente, no aparecen en ningún artículo constitucional como causal de excepción.

Mientras tanto, la Constitución sigue ahí, en el cajón, esperando pacientemente a que alguien la vuelva a leer. Tiene tiempo: lleva años en la fila, justo detrás del agua.