Hay ejercicios de gobierno abierto y luego está esto.

Unos setenta integrantes de Antorcha Campesina llegaron a Guanajuato capital con un pliego perfectamente clásico: entrega de lotes, escrituras, avances en obras. Comunidades concretas con nombre y apellido: Presas de Guanajuato, Presa de Rocha, Mineral del Cubo, Molineros, Zangarro. Nada exótico. Nada que requiera un comité de expertos. Papeles y obra, la dieta básica del municipio mexicano.

Hicieron todo el ritual completo. Mitin en la Plaza de la Paz —esa que se llama Paz, un chiste que se escribe solo—, luego el traslado frente a la presidencia municipal, y finalmente la irrupción en el edificio. Setenta personas. Adentro. En el inmueble sede del gobierno de la ciudad.

¿Y quién los atendió? El secretario particular de la alcaldesa.

El secretario particular. La persona cuyo trabajo institucional consiste, literalmente, en que otras personas no lleguen a donde quieren llegar. Es el amortiguador humano del organigrama. El airbag de la agenda. Setenta ciudadanos se organizaron, se transportaron, se plantaron y se metieron al edificio, y el aparato municipal desplegó su respuesta de emergencia: el señor que administra el calendario.

Y aquí viene el detalle exquisito, el que ningún guionista se habría atrevido a escribir: ningún funcionario de la alcaldesa les brindó atención. Ninguno. En un edificio lleno de direcciones, coordinaciones, subdirecciones, jefaturas de departamento y enlaces —Guanajuato no escatima en enlaces—, nadie bajó.

Uno entiende la lógica. Atender es peligroso. Atender genera expectativa. Atender crea el precedente de que meterse a la presidencia funciona, y si eso se sabe, el próximo martes hay fila. Es más seguro que el edificio funcione como un búnker con recepcionista: se puede entrar, incluso se puede gritar, pero la autoridad permanece en un plano superior, inaccesible, como una deidad prehispánica que solo se manifiesta en eventos con lona y banderazo.

Lo verdaderamente cómico —y por cómico entiéndase deprimente— es que el pliego era de obra pública. Lotes. Escrituras. Pavimento. Cosas que los municipios de Guanajuato entregan constantemente, con banderazo, con fotógrafo, con boletín. Esta misma semana Juventino Rosas arrancó obras por más de doce millones y medio. Pueblo Nuevo encarpetó calles en El Durazno de Fonseca. Celaya invirtió más de nueve millones y medio en pavimentación. Huanímaro puso millón y medio en El Zapote de Aguirre.

O sea: hay obra. Hay recursos. Hay banderazos. Hay presupuesto para el pavimento y para el evento del pavimento.

Lo que aparentemente no hay es una silla y una hora para escuchar a setenta personas que fueron a pedirlo sin fotógrafo.

Esa es la diferencia entre la obra que se entrega y la obra que se exige. La primera viene con música. La segunda viene con secretario particular.

Y así, la Plaza de la Paz siguió llamándose Plaza de la Paz.