Debate del año: desaparecer a las policías municipales o fortalecerlas para que sigan igual
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Michoacán ha encontrado su tema de conversación favorito para el verano, y es de esos que no se resuelven pero se disfrutan: ¿qué hacemos con las policías municipales?
De un lado, el diputado federal y dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez, anunció que sí acompañaría la propuesta del morenista Alfredo Ramírez de extinguirlas. Del otro, la alcaldesa de Coeneo se pronunció en contra de desaparecerlas y pidió fortalecerlas.
El detalle contextual es delicioso: en Coeneo, ocho elementos fueron detenidos por su presunta participación en la agresión a la Guardia Civil en Nahuatzen. Ocho. De ese municipio. La defensa de la institución llega, entonces, desde el lugar donde la institución acaba de dar la nota. Es como que el capitán del Titanic dé la conferencia magistral sobre la importancia de los icebergs bien gestionados.
Pero seamos justos, porque la posición contraria tampoco es un prodigio de ingeniería republicana. "Desaparecer las policías municipales" es una propuesta que suena firmísima en tribuna y que se convierte en pregunta incómoda en cuanto uno la aterriza: ¿y luego qué? ¿Quién levanta el reporte del perro atropellado en Tarímbaro? ¿Quién resguarda la escena en Cotija mientras llega la Fiscalía —como pasó esta semana, cuando fueron policías municipales los que resguardaron el sitio de un homicidio—? ¿Quién despliega el operativo cuando intentan robarse un tractocamión en la Morelia–Quiroga? ¿La Guardia Nacional, que ya trae agenda de operativos por maquinitas en el Centro Histórico de Morelia?
El debate michoacano de seguridad tiene una estructura fija, casi litúrgica. Fase uno: pasa algo grave. Fase dos: se propone una reforma estructural profunda. Fase tres: se debate la reforma estructural profunda. Fase cuatro: pasa algo grave. Y regresamos a fase uno, con distintos protagonistas y el mismo tono de indignación estrenada.
Lo que nadie está diciendo en voz alta es lo obvio: la discusión no es sobre seguridad, es sobre quién manda. Extinguir las policías municipales es, traducido del náhuatl político, centralizar el mando. Defender las policías municipales es, traducido igual, conservar el presupuesto y la nómina en el municipio. Uno puede estar de acuerdo o no, pero llamémosle por su nombre en lugar de fingir que es un seminario de criminología comparada.
Mientras tanto, esta misma semana en Michoacán: un hombre asesinado en una huerta de limón en Parácuaro, otra víctima identificada tras un enfrentamiento rumbo a Puerta Chica, un ejecutado en Cotija con cargadores para fusil de asalto y equipo táctico junto al cuerpo, y un intento de robo de tractocamión con armas de fuego en una carretera federal. Ninguno de esos hechos esperó a que terminara el debate parlamentario.
El crimen, hay que decirlo, tiene una ventaja institucional enorme sobre el Estado michoacano: no necesita ponerse de acuerdo con nadie para operar. No tiene comisiones, ni dictámenes, ni dirigencias estatales que "acompañen la propuesta". Simplemente opera. Todos los días. Con una eficiencia que da vergüenza ajena.
Así que sigan discutiendo, señores. El municipio, mientras, seguirá pagándole a alguien para que llegue tarde. Es lo único en lo que hay consenso.
De un lado, el diputado federal y dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez, anunció que sí acompañaría la propuesta del morenista Alfredo Ramírez de extinguirlas. Del otro, la alcaldesa de Coeneo se pronunció en contra de desaparecerlas y pidió fortalecerlas.
El detalle contextual es delicioso: en Coeneo, ocho elementos fueron detenidos por su presunta participación en la agresión a la Guardia Civil en Nahuatzen. Ocho. De ese municipio. La defensa de la institución llega, entonces, desde el lugar donde la institución acaba de dar la nota. Es como que el capitán del Titanic dé la conferencia magistral sobre la importancia de los icebergs bien gestionados.
Pero seamos justos, porque la posición contraria tampoco es un prodigio de ingeniería republicana. "Desaparecer las policías municipales" es una propuesta que suena firmísima en tribuna y que se convierte en pregunta incómoda en cuanto uno la aterriza: ¿y luego qué? ¿Quién levanta el reporte del perro atropellado en Tarímbaro? ¿Quién resguarda la escena en Cotija mientras llega la Fiscalía —como pasó esta semana, cuando fueron policías municipales los que resguardaron el sitio de un homicidio—? ¿Quién despliega el operativo cuando intentan robarse un tractocamión en la Morelia–Quiroga? ¿La Guardia Nacional, que ya trae agenda de operativos por maquinitas en el Centro Histórico de Morelia?
El debate michoacano de seguridad tiene una estructura fija, casi litúrgica. Fase uno: pasa algo grave. Fase dos: se propone una reforma estructural profunda. Fase tres: se debate la reforma estructural profunda. Fase cuatro: pasa algo grave. Y regresamos a fase uno, con distintos protagonistas y el mismo tono de indignación estrenada.
Lo que nadie está diciendo en voz alta es lo obvio: la discusión no es sobre seguridad, es sobre quién manda. Extinguir las policías municipales es, traducido del náhuatl político, centralizar el mando. Defender las policías municipales es, traducido igual, conservar el presupuesto y la nómina en el municipio. Uno puede estar de acuerdo o no, pero llamémosle por su nombre en lugar de fingir que es un seminario de criminología comparada.
Mientras tanto, esta misma semana en Michoacán: un hombre asesinado en una huerta de limón en Parácuaro, otra víctima identificada tras un enfrentamiento rumbo a Puerta Chica, un ejecutado en Cotija con cargadores para fusil de asalto y equipo táctico junto al cuerpo, y un intento de robo de tractocamión con armas de fuego en una carretera federal. Ninguno de esos hechos esperó a que terminara el debate parlamentario.
El crimen, hay que decirlo, tiene una ventaja institucional enorme sobre el Estado michoacano: no necesita ponerse de acuerdo con nadie para operar. No tiene comisiones, ni dictámenes, ni dirigencias estatales que "acompañen la propuesta". Simplemente opera. Todos los días. Con una eficiencia que da vergüenza ajena.
Así que sigan discutiendo, señores. El municipio, mientras, seguirá pagándole a alguien para que llegue tarde. Es lo único en lo que hay consenso.