Poesía en el congelador: cuando el premio literario necesita fiscalía
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Guanajuato ha logrado algo que ni Borges imaginó: convertir un certamen de poesía en un expediente administrativo.
El premio Efrén Hernández, convocado por la Secretaría de Cultura, sigue detenido. El motivo: el ganador había sido alumno tallerista de una de las integrantes del jurado. La comunidad literaria del estado alzó la voz señalando amiguismo y presunto conflicto de interés, y la Secretaría de Cultura hizo lo que hace toda dependencia mexicana cuando le llega una brasa a la mano: la aventó a otra ventanilla. En este caso, a la Secretaría de la Honestidad.
Detengámonos ahí un momento. Existe, en el organigrama del gobierno estatal, una Secretaría de la Honestidad. Un área especializada en una virtud que el resto del aparato, se entiende, no tiene por qué practicar de oficio. Es como tener un Departamento de Respirar. Y esa secretaría hoy investiga si un premio de poesía se lo llevó el alumno de una de las juezas, mientras ciento cincuenta mil pesos permanecen congelados en algún limbo presupuestal.
La cifra merece atención. Ciento cincuenta mil pesos es, para un poeta mexicano, aproximadamente el ingreso combinado de una década de publicaciones, presentaciones en cafeterías y talleres pagados con vales de despensa. Para la burocracia estatal, en cambio, es una cantidad tan pequeña que probablemente el proceso de investigación termine costando más que el premio mismo. Estamos gastando dinero público en averiguar el destino de menos dinero público. La eficiencia guanajuatense en su máxima expresión lírica.
El fondo del asunto, sin embargo, no es cómico. Los concursos literarios en México operan sobre un ecosistema pequeño y endogámico: los jurados son los mismos veinte nombres que se rotan entre certámenes, becas y talleres. Todo el mundo fue alumno de alguien, y ese alguien acabará juzgándolo. No es corrupción por definición, es demografía. Pero precisamente porque es estructural, el mecanismo mínimo de decencia —declarar el conflicto y excusarse— debería ser automático. No lo fue, y ahí nació el problema.
Lo verdaderamente perverso es el resultado. Nadie ganó. El poeta premiado carga ahora con la sospecha pública aunque su texto fuera magnífico, porque el sistema no supo blindarlo. La jurado queda señalada. La Secretaría de Cultura queda expuesta como incapaz de diseñar bases con un candado elemental. Y la comunidad literaria confirma su convicción favorita: que aquí nada se gana escribiendo bien, sino conociendo a la persona correcta.
Hay una salida, y es aburrida: bases con exclusión explícita de vínculos docentes recientes, dictámenes ciegos de verdad, jurados rotativos con nombres publicados después del fallo. Cuesta poco, funciona en medio mundo y evita exactamente este circo.
Mientras tanto, el premio sigue en el congelador y la resolución sigue pendiente. Los poetas guanajuatenses, que llevan siglos escribiendo sobre la espera, tienen ahora material de primera mano. Que alguien haga la antología: 'Versos desde la ventanilla'. Con suerte, ese certamen sí lo dictamina alguien que no les dio clases.
El premio Efrén Hernández, convocado por la Secretaría de Cultura, sigue detenido. El motivo: el ganador había sido alumno tallerista de una de las integrantes del jurado. La comunidad literaria del estado alzó la voz señalando amiguismo y presunto conflicto de interés, y la Secretaría de Cultura hizo lo que hace toda dependencia mexicana cuando le llega una brasa a la mano: la aventó a otra ventanilla. En este caso, a la Secretaría de la Honestidad.
Detengámonos ahí un momento. Existe, en el organigrama del gobierno estatal, una Secretaría de la Honestidad. Un área especializada en una virtud que el resto del aparato, se entiende, no tiene por qué practicar de oficio. Es como tener un Departamento de Respirar. Y esa secretaría hoy investiga si un premio de poesía se lo llevó el alumno de una de las juezas, mientras ciento cincuenta mil pesos permanecen congelados en algún limbo presupuestal.
La cifra merece atención. Ciento cincuenta mil pesos es, para un poeta mexicano, aproximadamente el ingreso combinado de una década de publicaciones, presentaciones en cafeterías y talleres pagados con vales de despensa. Para la burocracia estatal, en cambio, es una cantidad tan pequeña que probablemente el proceso de investigación termine costando más que el premio mismo. Estamos gastando dinero público en averiguar el destino de menos dinero público. La eficiencia guanajuatense en su máxima expresión lírica.
El fondo del asunto, sin embargo, no es cómico. Los concursos literarios en México operan sobre un ecosistema pequeño y endogámico: los jurados son los mismos veinte nombres que se rotan entre certámenes, becas y talleres. Todo el mundo fue alumno de alguien, y ese alguien acabará juzgándolo. No es corrupción por definición, es demografía. Pero precisamente porque es estructural, el mecanismo mínimo de decencia —declarar el conflicto y excusarse— debería ser automático. No lo fue, y ahí nació el problema.
Lo verdaderamente perverso es el resultado. Nadie ganó. El poeta premiado carga ahora con la sospecha pública aunque su texto fuera magnífico, porque el sistema no supo blindarlo. La jurado queda señalada. La Secretaría de Cultura queda expuesta como incapaz de diseñar bases con un candado elemental. Y la comunidad literaria confirma su convicción favorita: que aquí nada se gana escribiendo bien, sino conociendo a la persona correcta.
Hay una salida, y es aburrida: bases con exclusión explícita de vínculos docentes recientes, dictámenes ciegos de verdad, jurados rotativos con nombres publicados después del fallo. Cuesta poco, funciona en medio mundo y evita exactamente este circo.
Mientras tanto, el premio sigue en el congelador y la resolución sigue pendiente. Los poetas guanajuatenses, que llevan siglos escribiendo sobre la espera, tienen ahora material de primera mano. Que alguien haga la antología: 'Versos desde la ventanilla'. Con suerte, ese certamen sí lo dictamina alguien que no les dio clases.