Su señoría, ¿esa sentencia la escribió usted o la nube?
Tamaño de letra
En Zacatecas suspendieron temporalmente a una jueza federal, titular de un juzgado de distrito, en medio de una investigación del Tribunal de Disciplina Judicial que incluye señalamientos de presunto acoso laboral, rezago en la resolución de asuntos, denuncias contra trabajadores y —el detalle que le da vuelo al asunto— el supuesto uso de inteligencia artificial para redactar sentencias y otros documentos oficiales.
Vamos por partes, con la calma que exige el debido proceso: son señalamientos, hay una investigación en curso, y la suspensión es temporal. Nadie está condenado. Pero el asunto merece una pausa de hidratación, porque toca una fibra que a todos nos late.
Durante décadas nos explicaron que la justicia es humana, deliberativa, meticulosa; que detrás de cada sentencia hay noches de estudio, doctrina consultada y un criterio formado a lo largo de una carrera. Resulta que, presuntamente, en al menos un juzgado eso podía resolverse en el tiempo que tarda una barra de progreso.
Lo verdaderamente inquietante no es la herramienta. Los abogados usan procesadores de texto, buscadores, plantillas y machotes desde hace treinta años; media profesión jurídica mexicana se sostiene sobre el sagrado copiar y pegar. Lo inquietante es la combinación que describen las quejas: velocidad artificial por un lado y rezago acumulado por el otro. Es decir, ni siquiera sirvió para avanzar. Le pusiste turbo al coche y seguiste estacionado.
Y luego está el detalle que ningún meme puede mejorar: entre las inconformidades del personal aparece el presunto desconocimiento de procedimientos jurisdiccionales. Uno lee eso y entiende por qué la máquina se volvió indispensable. No era un atajo: era una prótesis.
Piense en el ciudadano al otro lado del expediente. Alguien que lleva años esperando, que gastó lo que no tenía en un litigio, que le explicó su vida a un abogado tres veces, y que finalmente recibe un documento que decide su patrimonio, su libertad o la custodia de sus hijos. Ese ciudadano tiene derecho a saber si lo pensó una persona con toga o si lo generó un servicio que, en su versión gratuita, también escribe felicitaciones de cumpleaños y recetas de pastel.
El gremio judicial dirá, con razón, que la carga de trabajo es brutal, que los juzgados están rebasados y que la tecnología puede ser aliada. Cierto. Pero hay una diferencia entre usar una herramienta para ordenar el trabajo y usarla para sustituir el criterio que justifica el cargo. La primera es modernización; la segunda es tercerizar la conciencia a un servidor en otro continente.
Lo mejor del episodio es su ironía perfecta: en un país donde llevamos años discutiendo cómo elegir, evaluar y depurar a quienes imparten justicia, resulta que el primer gran debate tecnológico del Poder Judicial no es sobre expedientes electrónicos ni sobre transparencia, sino sobre autoría. Sobre quién firma.
Que se investigue, que se resuelva, y que se resuelva rápido, ojalá que a mano.
Vamos por partes, con la calma que exige el debido proceso: son señalamientos, hay una investigación en curso, y la suspensión es temporal. Nadie está condenado. Pero el asunto merece una pausa de hidratación, porque toca una fibra que a todos nos late.
Durante décadas nos explicaron que la justicia es humana, deliberativa, meticulosa; que detrás de cada sentencia hay noches de estudio, doctrina consultada y un criterio formado a lo largo de una carrera. Resulta que, presuntamente, en al menos un juzgado eso podía resolverse en el tiempo que tarda una barra de progreso.
Lo verdaderamente inquietante no es la herramienta. Los abogados usan procesadores de texto, buscadores, plantillas y machotes desde hace treinta años; media profesión jurídica mexicana se sostiene sobre el sagrado copiar y pegar. Lo inquietante es la combinación que describen las quejas: velocidad artificial por un lado y rezago acumulado por el otro. Es decir, ni siquiera sirvió para avanzar. Le pusiste turbo al coche y seguiste estacionado.
Y luego está el detalle que ningún meme puede mejorar: entre las inconformidades del personal aparece el presunto desconocimiento de procedimientos jurisdiccionales. Uno lee eso y entiende por qué la máquina se volvió indispensable. No era un atajo: era una prótesis.
Piense en el ciudadano al otro lado del expediente. Alguien que lleva años esperando, que gastó lo que no tenía en un litigio, que le explicó su vida a un abogado tres veces, y que finalmente recibe un documento que decide su patrimonio, su libertad o la custodia de sus hijos. Ese ciudadano tiene derecho a saber si lo pensó una persona con toga o si lo generó un servicio que, en su versión gratuita, también escribe felicitaciones de cumpleaños y recetas de pastel.
El gremio judicial dirá, con razón, que la carga de trabajo es brutal, que los juzgados están rebasados y que la tecnología puede ser aliada. Cierto. Pero hay una diferencia entre usar una herramienta para ordenar el trabajo y usarla para sustituir el criterio que justifica el cargo. La primera es modernización; la segunda es tercerizar la conciencia a un servidor en otro continente.
Lo mejor del episodio es su ironía perfecta: en un país donde llevamos años discutiendo cómo elegir, evaluar y depurar a quienes imparten justicia, resulta que el primer gran debate tecnológico del Poder Judicial no es sobre expedientes electrónicos ni sobre transparencia, sino sobre autoría. Sobre quién firma.
Que se investigue, que se resuelva, y que se resuelva rápido, ojalá que a mano.